La defensa del senador Miguel Ángel Calisto, cuestionó el nuevo cierre de la investigación por un presunto fraude al Fisco y la acusación presentada por la Fiscalía, luego de sostener que el Ministerio Público habría considerado antecedentes incorporados durante la etapa final de la causa a los que sus abogados no tuvieron acceso.
El cuestionamiento se produjo tras la audiencia realizada el viernes, luego de que la Fiscalía cerrara nuevamente la investigación y acusara a ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. El Ministerio Público estima que el perjuicio fiscal supera los $100 millones y solicitó nuevamente el desafuero de Calisto.
Según explicó el abogado defensor, Nelson Salas, el imputado Ronald Cárcamo modificó su versión de los hechos durante el tramo final de la investigación y aportó nuevos antecedentes en formato digital.
De acuerdo con la defensa, estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para sustentar la nueva acusación contra el senador, pese a que sus abogados no habrían podido acceder a ellos.
“Lo que nosotros reclamamos es el derecho a conocer esas pruebas y esos antecedentes que fueron determinantes para el Ministerio Público. Tenemos derecho a conocerlos, revisarlos y poder controvertirlos”, señaló Salas.
El abogado sostuvo que la defensa no busca dilatar el proceso, sino ejercer las garantías que le permiten conocer, analizar y controvertir los antecedentes utilizados para sustentar la imputación.
El cuestionamiento ocurre luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara en julio la reapertura de la investigación por 60 días, a solicitud de las defensas, para realizar nuevas diligencias. Entre ellas se contemplaron declaraciones y peritajes.
La Fiscalía cerró nuevamente la causa y presentó una acusación en la que sostiene que las asesorías parlamentarias realizadas por Carla Graf, quien fue contratada por la Cámara de Diputados como asesora de Calisto entre 2018 y 2022, no se habrían efectuado.
El Ministerio Público sostiene que las nuevas declaraciones tomadas durante la reapertura tampoco permitieron establecer cómo, cuándo o de qué manera Graf habría realizado las labores por las que recibió remuneraciones.
La acusación además plantea que parte de los recursos fiscales involucrados habría terminado beneficiando a Calisto, Ronald Cárcamo y otras personas vinculadas al entonces Partido Demócrata Cristiano.
La defensa mantiene una versión distinta y ha sostenido previamente que Graf sí prestó servicios de apoyo a la función parlamentaria, señalando que existirían declaraciones, mensajes de WhatsApp y documentos que respaldarían esa posición.
Frente a la nueva acusación, Calisto afirmó estar disponible para enfrentar las instancias judiciales correspondientes, aunque insistió en la necesidad de que su defensa pueda conocer los antecedentes utilizados por el Ministerio Público.
“Estoy disponible para enfrentar las instancias que correspondan y que la justicia determine la verdad de los hechos. Pero también tengo derecho a defenderme y a conocer los antecedentes que sustentan una acusación en mi contra. Si existen nuevos antecedentes que fueron determinantes para tomar esta decisión, lo mínimo es que mi defensa pueda conocerlos y revisarlos”, sostuvo el senador.
La defensa adelantó que recurrirá a las instancias judiciales correspondientes para cuestionar las decisiones adoptadas durante esta etapa del proceso y prepara un recurso de amparo, argumentando una eventual vulneración del derecho a defensa.
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