Inmigración: una política de Estado pendiente

En una anterior columna, en el tema seguridad, señalaba la necesidad de acompañar las medidas coyunturales a la elaboración de una Política Criminal de Estado, omnicomprensiva, transversal y permanente. Lo mismo vale para el tratamiento del fenómeno de la inmigración en Chile, pues esta se ha instalado en el centro del debate público chileno, aunque buena parte de esa discusión continúa dominada por las urgencias del momento. El problema se complica cuando terminamos confundiendo la suma de medidas parciales con una estrategia nacional de largo plazo.

Chile ha experimentado una transformación demográfica de considerable magnitud. Según el Censo de 2024, más de 1,6 millones de residentes habían nacido en el extranjero, equivalentes al 8,8% de la población censada. Las estimaciones del INE y del Servicio Nacional de Migraciones, que utilizan una metodología diferente, situaban la población extranjera residente en aproximadamente 1,9 millones de personas a fines de 2023. Cualquiera sea el indicador utilizado, estamos ante un factor que ha modificado profundamente la composición social del país.

Hay una realidad que convendría incorporar definitivamente a la deliberación política, esto es que una parte considerable de quienes llegaron a Chile permanecerá aquí. Han formado familias, tienen hijos nacidos en el país o que estudian en escuelas nacionales, han establecido relaciones laborales, creado pequeños negocios, adquirido viviendas y construido vínculos sociales que difícilmente desaparecerán. Muchos han encontrado aquí un lugar donde desarrollar sus vidas, después de abandonar países que ofrecían escasas posibilidades de hacerlo. Quiérase o no, esas personas y sus descendientes formarán parte de la sociedad chilena de las próximas décadas. La inmigración dejó de ser exclusivamente un problema de ingreso y permanencia en el territorio. Se ha convertido en una cuestión fundamental para el futuro del país.

Por cierto, no partimos de cero. Chile cuenta con la Ley de Migración y Extranjería de 2021 y con una Política Nacional de Migración y Extranjería aprobada en 2023, que incorporó objetivos de regularidad, seguridad, desarrollo e integración. Constituyen avances que sería injusto desconocer. Sin embargo, permanece pendiente una tarea política de mayor alcance, la de transformar ese marco institucional en una verdadera política de Estado, respaldada por un acuerdo nacional suficientemente amplio y capaz de orientar de manera sostenida las decisiones de los sucesivos gobiernos.

Una política de esa naturaleza debería reunir, a mi juicio, tres condiciones fundamentales. La primera es su carácter integral. La inmigración constituye un fenómeno económico, demográfico, social, cultural, jurídico y político que no puede reducirse al control fronterizo ni quedar radicado exclusivamente en las instituciones encargadas de administrar permisos de residencia. Involucra al sistema educacional, la salud, la vivienda, el mercado laboral, la seguridad pública, los municipios, las relaciones internacionales y la propia configuración de nuestra comunidad política.

La segunda condición es la transversalidad política y social. Una política nacional de inmigración necesita un acuerdo que involucre a las fuerzas políticas democráticas, a las organizaciones sociales, a los municipios, al mundo empresarial y sindical, a las instituciones académicas y a las organizaciones de inmigrantes. Naturalmente existirán discrepancias sobre los requisitos de ingreso, los procedimientos de regularización, las expulsiones o las condiciones para acceder a determinados derechos. Pero esas diferencias no deberían impedir la construcción de ciertos consensos fundamentales.

Entre ellos, la necesidad de una inmigración regulada, el respeto a la legislación chilena, la protección de los derechos fundamentales, el rechazo a la discriminación y el reconocimiento de que quienes se incorporan legítimamente a nuestra sociedad deben encontrar posibilidades reales de integración.

La tercera condición es su permanencia. Una política de Estado no puede reinventarse cada cuatro años. Los procesos migratorios tienen consecuencias que se extienden por generaciones. La escolarización de los niños, la formación profesional, la integración laboral, la vivienda y la participación cívica requieren continuidad, instituciones estables, recursos y mecanismos de evaluación. Los gobiernos podrán establecer prioridades distintas, pero deberían desenvolverse dentro de ciertos objetivos nacionales compartidos.

Una estrategia de esta naturaleza tendría que abordar algunas cuestiones que hoy reciben una atención insuficiente. Una de ellas es la integración civil y política. Las personas extranjeras que residen establemente en Chile necesitan conocer sus derechos y obligaciones, acceder a procedimientos administrativos razonables y encontrar caminos claros de incorporación a la comunidad nacional.

Esto incluye una discusión seria sobre residencia definitiva, nacionalización y participación política, materias que deben resolverse atendiendo tanto al arraigo efectivo como a las exigencias propias de nuestra institucionalidad democrática.

Otro aspecto es la educación. En miles de salas de clases conviven actualmente niños chilenos con hijos de familias venezolanas, peruanas, colombianas, haitianas y de otras nacionalidades. Allí se está formando una parte importante del Chile futuro. La integración escolar requiere políticas educativas que favorezcan el aprendizaje, la convivencia, el conocimiento de nuestra historia y nuestras instituciones, sin desconocer la experiencia cultural que esos niños llevan consigo.

Las escuelas pueden constituirse en uno de los principales espacios de integración social, siempre que dispongan de los recursos adecuados. Anteriormente nos habíamos referido al proceso llamado ius scholae, es decir la incorporación del requisito de años cursados en la educación nacional para acceder a la nacionalidad chilena.

Asimismo, otra dimensión corresponde a la integración económica. Los inmigrantes participan en numerosas actividades productivas, aportan trabajo, conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales. Una política nacional debería facilitar el reconocimiento de competencias y títulos, promover la formalización laboral, combatir la explotación y favorecer su incorporación productiva a la economía. También corresponde prevenir los abusos que pueden afectar las remuneraciones y condiciones de trabajo de los extranjeros. La integración económica debe contribuir al crecimiento y a una mayor productividad, no convertirse en una fuente adicional de precariedad y explotación laboral.

Está, además, la integración cultural. Chile ha recibido sucesivas corrientes migratorias a lo largo de su historia y todas, de una manera u otra, han contribuido a modificar nuestra sociedad. Las migraciones actuales también están incorporando nuevas expresiones culturales, gastronómicas, musicales, religiosas y formas de sociabilidad. Integrar no significa exigir la renuncia a esas identidades, pero tampoco supone la formación de comunidades permanentemente separadas. Se trata de construir una convivencia fundada en normas compartidas, respeto mutuo y pertenencia a una sociedad común.

Por otra parte, la inmigración constituye también una cuestión de futuro para un país que envejece y registra una fecundidad persistentemente baja. Esto no significa atribuir a los inmigrantes la responsabilidad de resolver nuestros problemas demográficos, pero sería absurdo ignorar que su presencia tendrá consecuencias sobre la población activa, el sistema previsional y la evolución económica y social del país.

La política migratoria no puede continuar atrapada entre quienes parecen reducirla a una cuestión policial y quienes rehúyen discutir sus dificultades reales. Chile necesita fronteras controladas, instituciones eficaces y reglas exigibles. Necesita igualmente integración, derechos, obligaciones y una convivencia social capaz de incorporar a quienes han decidido establecer aquí sus vidas. Debemos preguntarnos también qué sociedad construiremos con quienes ya están aquí y con las generaciones que vendrán.

Ese es el alcance que debería tener un gran acuerdo nacional sobre inmigración. No un nuevo catálogo de medidas dispersas ni otra controversia destinada a desaparecer con la siguiente noticia, sino una política de Estado. Porque la inmigración no constituye un episodio pasajero de nuestra historia. Es una parte de la realidad chilena y seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Gobernarla con inteligencia, responsabilidad y sentido democrático constituye una obligación que no admite mayores postergaciones.