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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La diputada Lilian Betancurt (PDG) presentó un proyecto de ley que busca exigir un mínimo de tres años de experiencia profesional en el área respectiva para designar asesores, jefaturas o directivos del Estado, en respuesta a nombramientos de profesionales recién titulados en cargos de responsabilidad durante agosto. La propuesta busca garantizar el mérito y la preparación por sobre la cercanía política, estableciendo un estándar mínimo para acceder a funciones públicas relevantes. La iniciativa reduciría el requisito de experiencia de cinco a tres años, asegurando que la trayectoria esté directamente relacionada con el área de desempeño.

La diputada Lilian Betancurt (PDG) presentó un proyecto de ley que busca exigir un mínimo de tres años de experiencia profesional en el área respectiva a quienes sean designados como asesores, jefaturas o directivos del Estado.

La iniciativa se fundamenta tras una serie de nombramientos en agosto, en los que profesionales recién titulados o con escasa trayectoria asumieron cargos de responsabilidad en distintas reparticiones del Gobierno.

Al respecto, la parlamentaria sostuvo que la propuesta no busca cerrar las puertas del Estado a los jóvenes profesionales, sino establecer un estándar mínimo para acceder a funciones.

Esto, -aseguró-, teniendo en cuenta que estos puestos implican asesorar en decisiones relevantes y administrar responsabilidades públicas.

“Tres años de experiencia es una exigencia razonable para garantizar que el mérito, la preparación y la idoneidad estén por delante de cualquier cercanía política”, explicó Betancurt.

El detalle del proyecto de ley

En este contexto, el proyecto precisa que la experiencia requerida deberá corresponder específicamente al área a desempeñar.

La exigencia se aplicaría a ministerios, subsecretarías y servicios públicos, incluso cuando las contrataciones se realicen bajo la modalidad de honorarios. Esto con el objetivo de evitar que la vía contractual permita eludir este nuevo estándar.

Asimismo, la reforma exceptúa a ministros, subsecretarios y delegados presidenciales regionales y provinciales, al tratarse de cargos cuya designación depende directamente del presidente de la República.

Finalmente, la iniciativa establece que la norma no tendrá efecto retroactivo y solo regirá para los nombramientos realizados después de su eventual entrada en vigencia.