La reforma constitucional en materia de seguridad, concebida como pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), continúa generando un intenso debate en el mundo político.
La iniciativa pretende establecer la seguridad pública como deber esencial del Estado, habilitando un nuevo estado de excepción frente a alteraciones graves del orden y endureciendo las sanciones contra organizaciones criminales.
Tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo han surgido cuestionamientos respecto al alcance de las medidas y el riesgo de que la Carta Magna termine siendo utilizada como instrumento político coyuntural.
En medio de esas críticas, el presidente José Antonio Kast reafirmó su respaldo al ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacando su papel en la conducción de la agenda y subrayando que los indicadores de homicidios y secuestros muestran una tendencia a la baja, mientras se incrementan los decomisos de droga y las acciones de control fronterizo.
Por su parte, el senador del partido Demócrata, Matías Walker, insistió en que el debate no debe centrarse en las figuras del gabinete, sino en la Constitución.
Reiteró que no se puede hacer política con la Carta Magna y que el Ejecutivo debe escuchar a los especialistas en seguridad que han calificado la propuesta como ineficaz y riesgosa para la democracia.
“No se trata de hacerle enmiendas a este proyecto que no se consultó ni siquiera dentro del propio gobierno. El gobierno debiera retirar esta propuesta y concentrarse en la agenda legislativa de proyectos pendientes“, sostuvo.
El ministro comenzó reuniones con parlamentarios para evaluar cambios en la propuesta. Ante ello, el senador independiente Rojo Edwards valoró la disposición del Ejecutivo y emplazó a los partidos oficialistas a respaldar el proyecto constitucional.
“Yo desafío al oficialismo a anunciar su voto a favor de la propuesta constitucional para avanzar rápida y decididamente en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia“, señaló.
En este escenario, el cientista político Marco Moreno reflexionó que el presidente Kast debe escuchar, modificar y ceder antes de que las diferencias internas se traduzcan en votos en contra.
“Para Kast es entender que gobernar desde la ventaja sirve para fijar la agenda, pero no garantiza los cuatro séptimos. Tendrá que transformar esa ventaja política en capacidad de negociación“, planteó.
Si bien el respaldo presidencial asegura continuidad en la conducción del plan de seguridad, también el Ejecutivo necesita abrir espacios de negociación para evitar que la propuesta quede entrampada en el Congreso.
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