El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este lunes la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que existe disposición para modificar aspectos de la propuesta con el objetivo de alcanzar acuerdos en el Congreso.
La iniciativa contempla, entre otras materias, un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y mecanismos especiales para enfrentar organizaciones criminales y el terrorismo. Sus alcances han generado cuestionamientos desde sectores del oficialismo, particularmente por las facultades que se entregarían al Presidente de la República y la duración de algunas medidas.
En ese contexto, Arrau sostuvo que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la propuesta, pero recalcó que el objetivo central es dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado.
“Nosotros somos totalmente prácticos, pragmáticos en esto y lo que nos interesa de lo que se presentó en esta reforma es uno, declarar como deber del Estado la seguridad pública”, afirmó.
Como segundo eje, mencionó la necesidad de contar con un mecanismo más efectivo para perseguir al crimen organizado y el terrorismo. En ese punto, defendió la creación de un listado de organizaciones que permita aplicar un régimen penitenciario estricto a quienes pertenezcan a ellas.
Según explicó, la propuesta busca que las decisiones de Gendarmería sobre la segmentación de personas privadas de libertad, de acuerdo con su peligrosidad, no puedan ser impugnadas mediante recursos que terminen dificultando su aplicación.
El tercer elemento, indicó, corresponde a la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, con herramientas adicionales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
“Somos prácticos sobre plazos que se han criticado, por supuesto que somos flexibles sobre métodos que se han criticado totalmente. Todo se puede conversar con tal de que podamos seguir adelante con esa reforma”, sostuvo.
Arrau defendió particularmente el plazo de 120 días contemplado en la propuesta, señalando que existen otros mecanismos constitucionales y legales con duraciones similares o incluso superiores.
Recordó que el Congreso ha aprobado renovaciones de 90 días para la intervención de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y sostuvo que el ordenamiento jurídico también contempla estados de excepción y otras herramientas con plazos más extensos.
“Lo que aquí se ha planteado es una fórmula que puede ser modificada, nuestro fin y lo que hemos propuesto no se basa en un plazo, se basa en el mecanismo”, enfatizó.
Por ello, afirmó que si los parlamentarios consideran necesario establecer controles más frecuentes, el Gobierno está disponible para incorporar modificaciones.
Arrau responde a críticas por eventual carácter “autoritario” de la reforma
Frente a los cuestionamientos que califican la propuesta como “autoritaria” o contraria a las libertades, el ministro apuntó directamente a quienes critican la iniciativa sin considerar, a su juicio, la realidad que enfrentan algunos barrios del país.
“Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan, hubo mucho opinólogo la semana pasada, que vayan un poco a las poblaciones y que vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí”, planteó.
En esa línea, preguntó si los habitantes de determinadas zonas pueden transitar libremente por sus barrios, trabajar sin restricciones o si deben enfrentar cobros y extorsiones de organizaciones criminales.
“Pareciera que hablamos de un país ideal muchas veces cuando se critican estas reformas, pero se desconoce la realidad”, cuestionó.
Arrau sostuvo que Chile enfrenta un escenario similar al de otros países de Latinoamérica, donde el crimen organizado ha logrado controlar territorios, además de intentar penetrar y corromper instituciones del Estado.
En ese contexto, defendió que varias de las herramientas propuestas tienen equivalentes en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, India y Canadá.
“Hay que salir un poco de la crítica rápida, del cálculo político”, manifestó, aunque aseguró que el Gobierno valora los cuestionamientos que puedan contribuir a perfeccionar el proyecto.
El ministro también confirmó que la iniciativa no tendrá prioridad inmediata en la agenda legislativa, dado que el Ejecutivo busca avanzar primero en otros proyectos considerados más urgentes.
Entre ellos mencionó la regulación del uso de la fuerza, infraestructura crítica, el proyecto de mejoramiento de Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de la Ley Orgánica de Gendarmería.
“Estas son nuevas herramientas, que son herramientas adicionales a lo que ya tenemos, perfectibles, que tenemos que discutir, pero basadas en la realidad que se vive en los barrios, villas, poblaciones y zonas rurales donde no se puede transitar de noche por miedo”, concluyó.
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