Planificar desde el extremo norte

Una universidad se mide, en buena parte, por su capacidad de pensar a largo plazo. Formar investigadores, generar capital humano avanzado, instalar capacidades en un territorio o consolidar una línea de trabajo con las comunidades son tareas que se cumplen en una década, no en un año. Por eso valoro que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 haya pedido a cada ministerio proyectar su gasto a cinco años. Es la misma lógica con la que las universidades organizamos nuestro trabajo.

La Universidad de Tarapacá está empeñada en ese ejercicio. Somos una universidad estatal birregional, con sedes en Arica y en Iquique, en una macrozona con necesidades muy concretas: seguridad hídrica, diversificación productiva, salud, educación y una frontera que exige respuestas públicas de calidad.

Nuestro sistema de desarrollo estratégico se propone que el conocimiento que producimos se traduzca en innovación social y productiva para esos territorios. Ese alto propósito requiere metas de mediano plazo y compromisos que se mantengan más allá de un ejercicio presupuestario.

Nuestra propia historia enseña el valor del largo plazo. Durante décadas hemos estudiado y custodiado la cultura Chinchorro, una de las expresiones culturales más antiguas de América, cuyas momias son las más antiguas del mundo. Hoy esta misma universidad impulsa un centro de supercómputo que pondrá capacidades de primer nivel al servicio de investigadores y de servicios públicos del país. Lo que une ambos proyectos es la convicción de que hacer ciencia y formar personas con excelencia desde el extremo norte solo es posible si se sostiene en el tiempo.

Esa convicción tiene consecuencias para la forma en que planificamos. La primera es que el punto de partida en el quehacer formativo son quienes llegarán a nuestras aulas. Muchos de nuestros estudiantes provienen de comunas rurales y del interior, y estudiar supone trasladarse. Para esas familias, ingresar a la universidad depende tanto del arancel como de poder vivir lejos de casa, de modo que los apoyos de mantención y residencia pesan en nuestra planificación tanto como los laboratorios.

La segunda consecuencia es que la oferta académica no puede definirse en abstracto. Las nuevas carreras deben decidirse con los gobiernos regionales y las instituciones del territorio, a partir de las necesidades reales de profesionales en la macrozona.

En una universidad del Estado, planificar no es solo un ejercicio de gestión interna, sino una forma de cumplir una función pública. Esa función, sin embargo, no puede descansar únicamente en las universidades. Requiere que la política educativa y científica del Estado haga suyos estos fines y los traduzca en un horizonte compartido.

Ello supone reconocer que la formación de personas y la investigación en regiones extremas maduran en plazos largos y dependen de apoyos estables, tanto para las instituciones como para los estudiantes que llegan desde territorios alejados. Supone también que el conocimiento producido en regiones tenga un lugar propio en la política científica nacional, con retorno a las comunidades en las que se genera.

Si el Estado hoy se exige mirar a cinco años en sus finanzas, el mismo criterio debiera orientar sus decisiones sobre educación superior, ciencia y territorios. Desde el extremo norte queremos contribuir a esa tarea, convencidos de que el desarrollo de nuestras regiones depende de que el Estado y sus universidades planifiquen con un mismo propósito.