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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El diputado Jaime Bassa acusó al Gobierno de José Antonio Kast de impulsar una agenda de seguridad que busca controlar futuras protestas sociales y no combatir la criminalidad. Advierte una posible deriva autoritaria en las acciones del Ejecutivo.

El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa acusó al Gobierno de José Antonio Kast de utilizar su agenda de seguridad para incorporar herramientas destinadas a controlar futuras protestas sociales.

A su juicio, algunas propuestas no apuntan a combatir nuevas formas de criminalidad, sino a restringir derechos como la libertad de reunión, opinión y prensa.

En ese sentido, advirtió una deriva autoritaria con la actual administración: “Los procesos de erosión democrática no terminan con el fortalecimiento de la democracia, terminan a golpes”, afirmó.

Bassa acusa al Gobierno de introducir agenda de control del orden público

En entrevista con el Mostrador, el parlamentario cuestionó las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno como parte de su agenda de seguridad. Aunque valoró que las propuestas iniciales se hayan reducido, advirtió que su contenido continúa siendo “bastante preocupante”.

Según Bassa, bajo el argumento de enfrentar al terrorismo y al crimen organizado, se estarían incorporando medidas que responden a otros objetivos.

“Pareciera que el Gobierno se está proveyendo de herramientas que no tuvo el Estado durante el estallido social, eventualmente para responder a nuevos estadios de movilización que probablemente vamos a tener”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que un eventual aumento de las manifestaciones podría producirse durante la discusión de la ley de Presupuestos, especialmente por los recortes implementados previamente por el Ejecutivo.

“Eso no es terrorismo. Eso es orden público, salvo que este Gobierno esté implementando la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, que está calificando como terroristas a las organizaciones de izquierda. Y ese ya es otro escenario, casi dictatorial”, agregó.

El diputado reconoció que la criminalidad en Chile cambió y que el Estado necesita nuevas herramientas para enfrentarla. Sin embargo, acusó al Ejecutivo de aprovechar esa discusión para avanzar en restricciones que no estarían dirigidas al narcotráfico.

Advierte una posible “criminalización de la protesta social”

Como ejemplo, el abogado mencionó la propuesta para modificar la denominada ley antibarricadas. A su juicio, ese cambio no tiene relación directa con el crimen organizado ni con el terrorismo.

“Eso no tiene nada que ver con terrorismo. Eso no tiene nada que ver con el Tren de Aragua. Eso es básicamente control del orden público y, eventualmente, criminalización de la protesta social”, sostuvo.

También advirtió que las restricciones a la libertad de opinión, prensa y reunión podrían terminar siendo utilizadas para contener el descontento ciudadano.

“Son cuestiones que no están dirigidas al narcotráfico o al terrorismo. Son cuestiones que están dirigidas a controlar a la oposición, a controlar el malestar social”, aseguró.

Finalmente, el parlamentario acusó al Gobierno y al Partido Republicano de empujar una deriva autoritaria, a la que —según dijo— también se estaría sumando la derecha tradicional.

“Los procesos de erosión democrática no terminan con el fortalecimiento de la democracia, terminan a golpes”, afirmó.

Pese a sus críticas, Bassa se mostró disponible para discutir nuevas herramientas contra la criminalidad, pero pidió que el debate también incluya prevención, rehabilitación y reinserción, y no se limite únicamente al castigo y el encarcelamiento.