Ante lo que calificó como un aumento de casos de explotación sexual y captación de menores de edad, la diputada del Partido Cristiano de Chile por el distrito 20, Francesca Muñoz, presentó un proyecto de ley que obliga a residencias de menores administradas por colaboradores acreditados del Servicio de Protección, a contar con guardias de seguridad.
EL proyecto de la parlamentaria por la región del Bío Bío e integrante de la Comisión de Familia de la Cámara, establece que dichos recintos deberán disponer de guardias de seguridad las 24 horas del día, todos los días del año, conforme a las exigencias de la Ley de Seguridad Privada.
Lo anterior, dijo, tras las cifras expuestas en los últimos años.
Durante 2024, por ejemplo, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia identificó 411 posibles víctimas de explotación sexual infantil, mientras que la Defensoría de la Niñez reportó un incremento de 73% en las denuncias por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes entre 2022 y 2024.
EN las propias residencias, detalló, durante 2023 se registraron 441 circulares por presuntos delitos de explotación sexual que involucraron a 296 niños, niñas y adolescentes, y un 32,5% de los establecimientos ingresó al menos un reporte por esta causa. A ello se suma un estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito en que el 96% de 381 profesionales consultados aseguró haber detectado señales de captación o utilización de menores en actividades delictivas durante los dos años anteriores.
“Un niño que está bajo la protección del Estado no puede quedar expuesto a redes de explotación sexual, delincuencia o situaciones que pongan nuevamente en riesgo su vida e integridad. Las cifras son demasiado graves. Queremos que las residencias cuenten con seguridad permanente, las 24 horas y durante todo el año, porque estos niños y adolescentes requieren una protección efectiva y no solamente declarativa”, sostuvo Muñoz.
El proyecto modifica la ley que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia e incorpora el incumplimiento de esta obligación dentro de su régimen de infracciones.
De aprobarse, los establecimientos alcanzados por la normativa tendrán un plazo de seis meses desde la publicación de la ley para implementar el servicio permanente de guardias de seguridad.
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