En la segunda jornada de la sesión territorial de la comisión de Seguridad Pública del Senado, realizada en el Salón Nelda Panicucci del edificio de la Gobernación Regional en Punta Arenas, el Ministerio Público presentó una cruda radiografía sobre la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en la zona.
Durante la exposición ante los parlamentarios, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, reveló un dato clave: actualmente existen 46 investigaciones vigentes en la región, que involucran a 64 delitos de esta índole, evidenciando la persistencia de este fenómeno criminal.
“Es una situación que se tiene que abordar de manera interagencial por el Estado”, advirtió el persecutor, “particularmente respecto de los niños, niñas y adolescentes que están en residencias del Estado, que es una situación muy particular y que tiene una incidencia importante en la región”, añadió.
Las estadísticas oficiales detallan que entre 2023 y julio de 2026 se han contabilizado 214 delitos de explotación sexual infantil que afectan a 77 víctimas únicas. Punta Arenas concentra la gran mayoría de las denuncias, con 207 casos, seguida por Puerto Natales con seis y Porvenir con uno.
El perfil de las víctimas refleja una profunda vulnerabilidad: el 90% corresponde a mujeres de entre 11 y 17 años, registrándose un alza estadística crítica a los 15 años con 25 víctimas.
Asimismo, en 2025 Magallanes registró una tasa de 20,62 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que casi duplica el promedio nacional de 11,6.
Cuestionamiento tutelar y precedentes
La gravedad del escenario fue enfatizada por el presidente de la comisión, el senador Karim Bianchi, quien cuestionó duramente la protección en recintos estatales: “Es un tema que debería darnos vergüenza como región. Casi todos los involucrados hoy son menores a cargo del Estado y eso no podemos concebirlo”, sostuvo la autoridad parlamentaria.
Adicionalmente, en la instancia se relevaron fallos emblemáticos, como el “Caso Cabezón Rodríguez”, donde el tribunal dictó presidio perpetuo simple por delitos contra cinco menores captadas desde residencias de protección, reconociendo el desamparo institucional. Pese a estas severas sanciones, el fiscal Crisosto remarcó que “lamentablemente el fenómeno sigue vigente”.
Por su parte, la coordinadora regional de la Defensoría de la Niñez, Viviana Bazán, valoró la articulación entre la Fiscalía, los tribunales de familia y los servicios de protección: “Se ha logrado la detección, la pesquisa, la sanción penal y también el logro de los procesos de reparación para los niños”.
Respecto de la responsabilidad estatal, Bazán precisó que operan como un organismo veedor de derechos humanos. “No me corresponde a mí decir si el Estado ha fracasado o no; lo que sí podemos asegurar es que hoy día la institucionalidad pública se encuentra presente en la región”, concluyó.
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