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La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, presentada por José Antonio Kast, genera cuestionamientos por los delitos que incluye y los excluidos. Con más de 30 proyectos, se espera su aprobación antes de Navidad, destacando medidas como ampliar la flagrancia, crear el delito de pertenencia a organización criminal y establecer la seguridad como deber estatal. La polémica se centra en los "casinos de barrio", con críticas al perseguirlos mientras las apuestas online operan sin regulación. El debate se extiende al cobro de impuestos a estas plataformas ilegales, planteando el riesgo de legitimarlas.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, anunciada por el presidente José Antonio Kast, comenzó a recibir sus primeros cuestionamientos por los delitos que contempla y también por aquellos que, según parlamentarios, quedaron fuera.
La ofensiva incluye más de 30 proyectos y el Gobierno espera que sus principales herramientas sean aprobadas antes de Navidad, con medidas como ampliar la flagrancia de 12 a 24 horas, crear el delito de pertenencia a una organización criminal y establecer constitucionalmente que la seguridad es un deber del Estado.
Pero uno de los puntos que abrió discusión tiene que ver con los denominados casinos de barrio.
En Peñalolén, por ejemplo, el alcalde Miguel Concha anunció que continuarán clausurando estos establecimientos, retirando máquinas y restringiendo las patentes de juegos electrónicos que, según explicó, han sido utilizadas para encubrir este tipo de negocios.
El debate, sin embargo, llegó al Congreso porque el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, cuestionó que se persiga este tipo de locales mientras las plataformas de apuestas online continúan moviendo grandes cantidades de dinero sin regulación ni trazabilidad. Por eso, ofició al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para conocer si existe algún compromiso del Ejecutivo con estas empresas y pidió ampliar el foco de la agenda.
Bianchi también cuestionó la posibilidad de que estas plataformas comiencen a tributar a través del Servicio de Impuestos Internos, argumentando que la Corte Suprema ya determinó la ilegalidad de estas operaciones y ordenó bloquear sus sitios. A juicio del senador, cobrar impuestos sin resolver previamente su situación jurídica podría terminar legitimando una actividad que actualmente opera fuera de la ley.
La discusión se produce mientras el Ejecutivo intenta acelerar la tramitación de su paquete de seguridad y coordinar los distintos proyectos que forman parte de la ACOT. En ese escenario, la diputada del Partido Demócrata Johanna Pérez llamó a evitar que esta controversia termine afectando los avances alcanzados en esta materia.
Así, mientras el Gobierno busca avanzar con su megarreforma antes de fin de año, el Congreso comienza a discutir si la persecución al crimen organizado debe incorporar también con mayor fuerza el negocio de las apuestas digitales y el movimiento de dinero que existe detrás de estas plataformas.
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