El Gobierno prepara una serie de indicaciones para la Comisión Mixta que revisará el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), entre ellas una norma que busca incorporar la distancia de reacción frente a un atacante armado como un elemento obligatorio para evaluar el actuar de los funcionarios policiales.
De acuerdo a una minuta del Ministerio de Seguridad, y a la que tuvo acceso Bío Bío, el Ejecutivo considera prioritario avanzar en una regulación que entregue “reglas legales previas” a los policías para decidir y explicar sus actuaciones, además de establecer un marco común para fiscales, tribunales y ciudadanía.
El documento plantea que el texto aprobado por el Senado constituye la “mejor base para el acuerdo”, aunque propone rescatar elementos de la Cámara de Diputados que permitan entregar mayor precisión operativa y control.
Entre las indicaciones prioritarias se encuentra una regla para el empleo de fuerza potencialmente letal en casos de flagrancia y órdenes de detención. La propuesta apunta a establecer una regulación expresa para imputados armados que no depongan sus armas o huyan, considerando como presupuestos la existencia de flagrancia u orden vigente, la presencia de un arma y la conducta del imputado.
También se plantea regular el desenfunde preventivo durante controles de identidad y vehiculares, precisando que sacar el arma constituye una medida de seguridad y que, por sí solo, no implica una autorización para disparar.
Regla de distancia frente a un arma
Uno de los principales puntos de la propuesta es incorporar los 21 pies —equivalentes aproximadamente a 6,4 metros— como un factor táctico que deba ser considerado obligatoriamente al evaluar la capacidad y oportunidad de un ataque.
La minuta aclara que la distancia “no es una licencia para disparar”, sino un dato objetivo que busca impedir que el tiempo de reacción disponible para el funcionario desaparezca del análisis jurídico posterior.
El documento sostiene que la distancia condiciona el tiempo que tiene un policía para percibir una amenaza, decidir, desenfundar, buscar cobertura, advertir y reaccionar. Por ello, plantea que la revisión judicial debe considerar las condiciones existentes en el momento de la decisión y no reconstruir posteriormente la situación con información que el funcionario no tenía disponible.
La propuesta contempla que este elemento opere únicamente cuando concurran un arma apta y una conducta amenazante actual, como apuntar, blandir, dirigir o avanzar ofensivamente con el arma.
A su vez, la minuta enfatiza que la sola cercanía de una persona armada no bastaría para justificar el uso de la fuerza letal. La investigación debería considerar, entre otros factores, la distancia aproximada, el tipo y aptitud del arma, la conducta del sujeto, obstáculos, cobertura, presencia de terceros, advertencias, alternativas disponibles y la evolución de la amenaza.
Un punto llamativo del documento es que, aunque la minuta desarrolla la regla de los 21 pies (6,4 metros), el texto sugerido para la indicación establece un perímetro de “siete metros”. Este último plantea presumir un peligro inminente contra la vida o integridad física cuando una persona porte un arma blanca, contundente o punzante, mantenga una actitud hostil o de agresión inminente, desatienda la orden de soltarla y avance hacia policías o terceros dentro de ese perímetro.
Policías fuera de servicio
Otra de las modificaciones que busca impulsar el Ejecutivo apunta a los funcionarios que actúan estando fuera de servicio.
La minuta propone establecer reglas compatibles con las condiciones materiales de un policía que no se encuentra de turno y, por tanto, puede no contar con uniforme, radio, protección, vehículo o apoyo de otros funcionarios. Esto, sin embargo, manteniendo el control jurídico sobre su actuación.
El Gobierno utiliza como antecedentes diversos casos ocurridos durante 2026. Entre ellos menciona un episodio en Maipú, donde dos funcionarios de franco intervinieron al observar a sujetos armados intentando sustraer un vehículo; otro en Recoleta, donde un carabinero de civil enfrentó a sujetos armados que intimidaban a una mujer; y un caso en Colina, donde un capitán de franco repelió un ataque mientras se encontraba junto a su familia.
La minuta también sostiene que el deber de intervenir no desaparece cuando un funcionario termina su turno, citando nueve mártires de Carabineros que fallecieron al intervenir estando de franco y dos casos informados por la PDI durante los últimos diez años.
Gobierno busca reducir incertidumbre
El Ejecutivo argumenta que la legislación es necesaria para reemplazar la actual dispersión de circulares, órdenes generales, protocolos y manuales por un estatuto legal común para Carabineros y la PDI, además de las situaciones excepcionales en que las Fuerzas Armadas estén habilitadas por la Constitución o la ley.
El proyecto ingresó al Congreso el 10 de abril de 2023 y, al 4 de agosto de 2026, acumulaba 1.212 días de tramitación. Por ello, el Gobierno le asignó urgencia suma.
En ese contexto, la minuta plantea que las nuevas reglas no buscan impedir la investigación de los procedimientos policiales, sino reducir la incertidumbre sobre las decisiones adoptadas en situaciones críticas.
“El funcionario contará con reglas legales previas para decidir y explicar su actuación”, sostiene el documento, que también plantea que la incorporación de la distancia de reacción permitiría hacer más preciso el control judicial, manteniendo las exigencias de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.
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