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La relación entre Chile y Argentina atraviesa semanas que nos obligan a actuar con serenidad, pero también con claridad. Somos países vecinos, unidos por una historia, una extensa frontera, intereses económicos comunes y profundos vínculos humanos. Precisamente por eso, cuando aparecen declaraciones que generan dudas o cuestionamientos sobre materias tan sensibles como nuestra soberanía, la respuesta de Chile debe ser firme, responsable y de Estado.
El Estrecho de Magallanes no es una materia abierta a interpretaciones coyunturales. Su régimen jurídico está establecido por tratados internacionales plenamente vigentes, particularmente los de 1881 y 1984. En la reciente reunión entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, ambos gobiernos reafirmaron precisamente ese marco jurídico y la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho.
Por eso, las declaraciones de autoridades argentinas sobre supuestos patrullajes conjuntos en el Estrecho, o aquellas que han utilizado expresiones ambiguas respecto de su condición jurídica, deben ser abordadas con seriedad y por los canales institucionales correspondientes. El propio presidente Kast fue categórico en señalar que jamás ha existido un patrullaje conjunto en el Estrecho de Magallanes y que este “es y será chileno”.
Como senador de la República, creo que frente a estos episodios debemos separar dos elementos que pueden coexistir perfectamente: defender con absoluta claridad nuestros intereses permanentes y, al mismo tiempo, preservar una relación constructiva con Argentina.
Chile tiene una posición histórica respecto de las Islas Malvinas, respaldando el derecho argentino a buscar una solución pacífica conforme al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Pero esto no puede confundirse con nuestra soberanía sobre el territorio marítimo austral. Son materias distintas y así deben ser tratadas.
La diplomacia exige precisamente esa claridad. El apoyo a una posición de otro Estado no puede transformarse en una moneda de cambio respecto de nuestros propios derechos soberanos. La amistad entre países vecinos se construye sobre la confianza, pero también sobre el respeto recíproco a los tratados.
En materias tan sensibles, las comunicaciones oficiales deben contribuir a disminuir, y no a aumentar, las zonas de incertidumbre. La diplomacia requiere coordinación y prudencia, especialmente cuando están en juego derechos soberanos y compromisos internacionales. Chile no necesita sobreactuar para defender su soberanía. Necesita conocer sus tratados, hacerlos respetar y hablar con una sola voz.
Tampoco sería responsable convertir cada declaración desafortunada en una crisis bilateral. Chile y Argentina tienen demasiados intereses comunes como para permitir que episodios coyunturales deterioren una relación estratégica. Tenemos una frontera compartida de más de 5.000 kilómetros, proyectos mineros binacionales, intercambio comercial, cooperación antártica, infraestructura y enormes oportunidades de integración energética y económica.
El desafío, entonces, es encontrar el equilibrio: firmeza donde corresponde y diálogo donde es posible.
Desde el Senado debemos contribuir a ese propósito. La política exterior es una política de Estado y, ante materias vinculadas con nuestra soberanía, la unidad nacional debe estar por encima de las diferencias partidarias. La propia Mesa del Senado ha planteado la necesidad de actuar con responsabilidad y unidad frente a esta controversia.
Chile puede y debe tener una relación estrecha con Argentina. Podemos discrepar cuando sea necesario, defender nuestros intereses cuando corresponda y, al mismo tiempo, trabajar juntos en aquello que beneficia a ambos pueblos.
La vecindad no se elige. La buena convivencia, en cambio, sí se construye.
Y esa convivencia será mucho más sólida si se sostiene sobre un principio sencillo: amistad entre nuestros pueblos, cooperación entre nuestros gobiernos y respeto irrestricto por la soberanía y los tratados que ambos países han suscrito.
