Lo que el Gobierno no podrá explicar

En agosto de 2025, la prensa y los mismos políticos que hoy gobiernan rasgaron sus vestiduras porque el trimestre móvil abril-junio mostró la creación de apenas 141 empleos en un año. Fue, dijeron, una catástrofe. Hoy, el trimestre móvil mayo-julio de 2026 simplemente no creó. Destruyó 16.291 empleos –la primera destrucción neta de empleo anual registrada en quince años– y el silencio es casi perfecto. La diferencia no está en la cifra. Probablemente, está en que hoy la ministra del Trabajo no es candidata a la Presidencia. La indignación de entonces nunca fue por el empleo, fue por la elección.

Pero hay algo más grave que la hipocresía de los comentaristas económicos y, como nadie lo cuenta, acá vamos: aquellos 141 empleos de 2025 eran el resultado de una resta feliz: 96.318 empleos formales creados menos 96.177 informales destruidos. Un número minúsculo que escondía una transformación real, trabajo precario reemplazado por trabajo con derechos. Por el contrario, los 16.291 empleos destruidos de hoy son la resta de una tragedia disimulada: 54.058 empleos formales que se destruyeron, amortiguados por 37.767 empleos informales que aparecieron para llenar el vacío.

A ojos de las actuales autoridades, pareciera que la cifra total es más pequeña que la de 2025. Difícil posición. El 22 de septiembre, el ministro del Trabajo debe presentarse ante el Congreso a explicar por qué, habiendo declarado una emergencia laboral, no tiene sobre la mesa una sola medida de emergencia.

Se sabe que lo que crea empleo es la inversión sostenida, y la inversión respira con tasas de interés bajas. El Banco Central volvió a mantener la tasa, en parte porque el propio ministro de Hacienda se la puso difícil. El bencinazo de marzo alimentó una inflación que hoy amarra las manos del ente emisor. Y la caída de la inversión pública es, otra vez, una decisión de Quiroz: los recortes presupuestarios que él mismo diseñó. No hay mala suerte en esta historia. Hay una cadena de decisiones que el propio Gobierno construyó, eslabón por eslabón, y que hoy le vuelve en la cara convertida en desempleo galopante.

Existen medidas de corto plazo que no requieren más que compromiso con Chile: acelerar la ejecución de obras públicas y vivienda ya aprobadas, activar la capacitación y la intermediación laboral con el Fondo de Cesantía Solidario hoy ocioso, fortalecer subsidios a la contratación como el SUE, corregir la Sala Cuna Universal, ampliar el programa 4 a 7. Se las han planteado. El Gobierno las conoce. No las toca.

No las toca porque a este Gobierno no le interesa mover al Estado para generar empleo. Tiene una fe religiosa: el mercado es el único asignador legítimo de recursos, y de esa fe se desprende todo lo demás. Estado mínimo, un mercado laboral desregulado, un proyecto de convivencia civil autoritario. Lo han dicho sin rodeos: no creen en la política social, y confían en que el mercado y las empresas, por su sola naturaleza, van a generar el empleo que hoy no generan. Por eso eligen leyes para facilitar el despido, antes que dinamizar la inversión pública o ampliar los subsidios a la contratación.

Declararon una emergencia y no tienen una sola medida de emergencia. Si el camino que están tomando termina en un desempleo de dos dígitos, lo van a permitir, porque, sencillamente, no creen en la política social, ni en la de empleo. Esa es la explicación que el ministro Rau debería tener el coraje de dar el 22 de septiembre. No una excusa técnica, sino la verdad de una convicción que ya declararon: “no nos gusta la política social”.

Fidel Bennett
Economista.
Socio de Estudio La Firma.
Exjefe de la División de Empleo del Ministerio del Trabajo.