El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aseguró este jueves que el caso de Bernarda Vera no sería el único que está siendo revisado, afirmando que existen otros 11 casos detectados al interior del Programa de Derechos Humanos.
Rabat revela que caso Bernarda Vera no sería el único
El secretario de Estado confirmó que, además del caso de Vera —quien durante décadas figuró como detenida desaparecida y fue encontrada con vida en Argentina—, existen nueve casos de personas que habrían sido incorporadas incorrectamente a las nóminas y otros vinculados a duplicidades.
“En total son doce casos. Hay nueve que corresponden a personas incorrectamente incorporadas en estos listados y otros que se refieren a situaciones de duplicidad”, señaló.
Consultado sobre el estado de esas revisiones, Rabat indicó que ya se inició una investigación y sostuvo que el análisis forma parte de las funciones del Plan Nacional de Búsqueda.
“Los casos que señalé corresponden a situaciones anteriores que ya están determinadas. Lo que corresponde ahora es analizarlas”, afirmó.
En esa línea, explicó que el Decreto Supremo N.º 98, que regula el Plan Nacional de Búsqueda, contempla precisamente revisar la historia de las personas incluidas en las nóminas.
“Estamos simplemente cumpliendo con ese deber. Y por eso mismo vamos a fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda para dilucidar todas estas situaciones”, agregó.
Sumario en curso por caso Bernarda Vera
Respecto de las críticas formuladas por el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien acusó un desconocimiento del funcionamiento del Programa de Derechos Humanos por parte de la actual administración, Rabat evitó polemizar.
“Me cuesta mucho referirme a comentaristas”, respondió. Sin embargo, insistió en que los antecedentes disponibles muestran que el caso Bernarda Vera era conocido desde comienzos de 2024:
“Esta es una situación que se conoció a comienzos del año 2024, que se despachó un primer oficio en mayo de 2025 y que recién en julio de 2026 se determinó la situación. Juzguen ustedes los hechos”, concluyó.
Los dichos del ministro difieren de la versión entregada por la exjefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, quien afirmó a BioBioChile que la investigación comenzó en marzo de 2024, que el Programa solo obtuvo la respuesta clave de Cancillería en mayo de 2025 y que los antecedentes fueron remitidos de inmediato al ministro en visita Álvaro Mesa, quien posteriormente ordenó las diligencias de ADN.
Por ello, rechazó que el caso haya registrado demoras y sostuvo que “nunca hubo retraso ni demoras en la investigación”.
El ministro también confirmó que el Ministerio de Justicia mantiene una auditoría en la Subsecretaría de Derechos Humanos relacionada con esta materia y aseguró que sus resultados serán dados a conocer una vez concluya el proceso.
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