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La confirmación genética de que la mujer hallada en Argentina es Bernarda Vera motivó diferentes llamados: a revisar las reparaciones estatales, reactivar acciones judiciales contra exautoridades y a defender el Plan Nacional de Búsqueda frente a las críticas.
La confirmación mediante ADN de que la mujer localizada en Argentina corresponde a Bernarda Vera Contardo no solo cerró una incertidumbre de más de cinco décadas. También abrió un nuevo frente político y judicial, con llamados desde la oposición a revisar las reparaciones entregadas por el Estado, solicitud de comisión investigadora y la reactivación de acciones penales contra exautoridades vinculadas al caso.
Las consecuencias políticas y judiciales del caso Bernarda Vera
El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, informó este lunes a la familia que el peritaje genético estableció una probabilidad de identificación superior al 99,9999% entre Bernarda Rosalba Vera Contardo y las muestras de sus familiares disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal.
Bernarda Vera figuró durante décadas como detenida desaparecida tras el golpe de Estado de 1973. Sin embargo, en 2025 fue ubicada con vida en Argentina, antecedente que dio origen a una investigación judicial que permanece bajo secreto.
Tras conocerse la confirmación del ADN, la diputada UDI e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Flor Weisse, pidió que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúe acciones para recuperar recursos públicos, señalando que las reparaciones estatales fueron “obtenidas de manera fraudulenta”:
“Hemos pedido que el CDE ejerza todas las acciones para que se recuperen los fondos del Estado por los cuales se benefició la familia de Bernarda Vera. Esta pensión fue obtenida de manera fraudulenta y se debe llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.
Asímismo, la bancada de diputados del Partido Republicano anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para para esclarecer cómo se produjo esta situación, determinar eventuales responsabilidades institucionales y revisar si existen otros casos similares.
Abogado solicita reactivar querella contra exautoridades
En paralelo, el abogado Maximiliano Murath, quien presentó una querella el año pasado contra el exministro de Justicia Luis Cordero y la exjefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano por este caso, sostuvo que el resultado del peritaje genético refuerza los antecedentes de la acción judicial.
El profesional del Partido Nacional Libertario solicitó reactivar la investigación para determinar eventuales responsabilidades por la forma en que las autoridades manejaron la información relacionada con el caso Bernarda Vera:
“Esta parte tenía razón en solicitar que se investigara hasta las últimas consecuencias el encubrimiento de una falsa detenida desaparecida (…) Esperamos que se active la causa porque lleva durmiendo desde octubre, fiscalía no ha hecho anda por investigar”, aseguró.
Pizarro llama a no desviar el foco de las violaciones a los derechos humanos
Desde la oposición, en tanto, la diputada comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, llamó a no utilizar el caso para cuestionar la búsqueda de las víctimas de la dictadura, insistiendo en que la prioridad sigue siendo esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período.
“La preocupación mayor es que la impunidad y el pacto de silencio no permiten saber la verdad de los detenidos desaparecidos, ni quiénes son los responsables. Y cuando sepamos eso, vamos a saber quiénes son los inmorales que se han aprovechado de un dolor tan grande que atraviesa la conciencia nacional”.
Para Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia de la Universidad Central, el caso de Bernarda Vera no solo reabre un capítulo doloroso para el país y genera polarización política, sino que genera un impacto importante sobre la credibilidad del trabajo del Estado al respecto:
“En particular, por los registros en materia de derechos humanos y, por lo tanto, puede abrir espacio para un cuestionamiento sobre el rol del Estado y la política que se ha sostenido hasta ahora.”
“Igualmente, puede aumentar la presión sobre el Plan Nacional de Búsqueda respecto a su efectividad y a la calidad de la información que maneja (…) Siempre los extremos políticos van a crispar los ánimos para discutir sobre un asunto que todavía sigue siendo una herida abierta en el país, cerró.
Mientras, la causa continúa bajo reserva por decisión del ministro Álvaro Mesa Latorre, quien mantuvo el secreto de la investigación y la prohibición de divulgar el contenido del informe pericial de ADN, en un caso que mantiene abierto el debate sobre las reparaciones estatales, las eventuales responsabilidades institucionales y los mecanismos de búsqueda de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
