La nueva Ley de Protección de Datos Personales debía empezar su puesta en marcha a fines de este año. Sin embargo, hace unos 10 días el Gobierno confirmó que propuso postergar su entrada en vigencia por un año, hasta el 1 de diciembre de 2027.
Principalmente, la idea se sostiene porque aún no está instalada la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, que debía estar lista en junio. Además, el Ejecutivo busca dar más tiempo a las empresas para que puedan adaptarse a las exigencias en el uso de datos personales.
Bajo este contexto, un análisis de Deloitte y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) revela que poco más de la mitad de organizaciones en Chile dicen estar poco preparadas ante la normativa.
Empresas y Ley de Datos
Según los resultados del Deloitte Data Privacy Readiness Report 2026, un 52% de las empresas encuestadas dijo poseer un bajo nivel de preparación y solo un 15% un alto avance.
A su vez, un 83% de las 91 firmas encuestadas entre enero y julio -de diversos tamaños e industrias-, afirmó que conoce total o parcialmente las obligaciones de la ley, pero que esos conocimientos no se traducen aún en medidas concretas de implementación.
Por otro lado, el análisis también reveló que un 84% de empresas no tiene una política de privacidad actualizada conforme a los nuevos lineamientos; un 86% no dispone de mecanismos robustos para gestionar los ARSOP+ (accesos, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los datos) y el 84% no tiene protocolos adecuados para reportar incidentes a la Agencia de Protección de Datos Personales, algo obligatorio según la nueva ley.
Ruby Soteras, socia de Deloitte Legal, destacó que “el problema no es la falta de esfuerzo de las empresas chilenas, sino la distancia entre ese esfuerzo y la magnitud del riesgo”.
“Lo que observamos son avances reales, pero concentrados en las medidas de implementación más rápida, no en una gestión profunda y proactiva del riesgo. El caso del Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) lo ilustra con nitidez, ya que sigue siendo incipiente incluso en grandes organizaciones, pese a ser la piedra angular sobre la que se construye todo el cumplimiento”, agregó Rudy en un comunicado de Deloitte compartido a BBCL.
Por su parte, la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, comentó que esta ley “implica un cambio cultural profundo para las empresas, pero también se debe poner atención en la extrema complejidad de la normativa, la magnitud de los cambios que requiere y la envergadura de los costos de compliance, por lo que es fundamental que su implementación considere tiempos adecuados, un reglamento claro y una autoridad de datos que acompañe este proceso, especialmente en el caso de las pymes”.
La Ley de Protección de Datos Personales, aprobada en agosto de 2024, eleva el estándar sobre el tratamiento de esta información, homologándolo con lo establecido en la Unión Europea, por lo que establece derechos para los titulares de los datos (los llamados ARSOP+).
A su vez, se estableció un catálogo de conductas e infracciones desde leves hasta graves y gravísimas, las que se sancionarán con multas de hasta 5 mil UTM, 10 mil UTM y 20 mil UTM, es decir, unos $358 millones, $717 millones y $1.434 millones, respectivamente.
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