La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, salió a defender este jueves uno de los puntos más cuestionados de la denominada megarreforma, luego que la oposición ingresara un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar las normas que crean un régimen de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia.
La ofensiva del bloque opositor apunta a dos ejes del proyecto: la invariabilidad tributaria y las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En este último caso, cuestionan que se establezca un mecanismo que obligue al Estado a indemnizar a los titulares de proyectos por gastos asociados a una RCA posteriormente anulada.
Según los parlamentarios, ello crea un “estatuto privilegiado” para grandes inversionistas, vulnera la igualdad ante la ley y debilita la protección ambiental.
Para la ministra, se trata de certezas para la inversión.
Ministra Toledo defiende norma por RCA cuestionada ante el TC
Tras el comité económico realizado hoy en La Moneda, consultada por el requerimiento, la ministra Francisca Toledo afirmó que el Ejecutivo responderá dentro del proceso constitucional:
“En esto el Gobierno va a seguir los requerimientos que sean necesarios, parte de los instrumentos democráticos que tienen los parlamentarios, y esto se responderá con los argumentos que ya hemos ido planteando”.
La secretaria de Estado también rechazó los cuestionamientos de la oposición y defendió el sentido de la norma aprobada por el Congreso:
“Nosotros hemos sostenido a lo largo de la discusión legislativa que se dio de este proyecto, que fue aprobado con amplia mayoría, que esto es una muy buena señal que nosotros estamos entregando de un compromiso con la inversión y con las resoluciones de calificación ambiental”.
La norma impugnada establece que, si una RCA es anulada judicialmente, el titular del proyecto podrá solicitar al Estado una indemnización por los gastos directos, efectivos y no recuperables en que haya incurrido.
Qué cuestiona la oposición de la norma de las RCA en la megarreforma
En el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, diputados y senadores de oposición sostienen que ese mecanismo crea un régimen excepcional que beneficia únicamente a los titulares de proyectos de inversión.
A su juicio, la norma permite acceder a una indemnización sin acreditar falta de servicio del Estado y limita la posibilidad de que este persiga la responsabilidad de los funcionarios que originaron el error.
Además, argumentan que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Entre los críticos está el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien cuestionó la lógica de la norma.
“¿En qué país del mundo se indemniza una empresa que quiere una resolución de calificación ambiental y no cumple con la ley? Pues acá lo quieren hacer legal”.
El Tribunal Constitucional deberá ahora resolver si admite a trámite los requerimientos y, posteriormente, pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
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