La aprobación de casi la totalidad de la megarreforma en su tercer trámite constitucional no puso fin a la discusión del proyecto impulsado por el Gobierno. Apenas concluida la votación en la Cámara de Diputados este martes, parlamentarios de oposición concretaron la ofensiva que habían anticipado durante la tramitación de la iniciativa e ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando declarar inconstitucionales algunas de sus disposiciones más relevantes.
Aunque las presentaciones tienen distintos patrocinantes, todas apuntan a frenar normas que la oposición considera incompatibles con la Constitución. Dos de ellas se enfocan en el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, mientras que la tercera cuestiona el régimen de indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales.
El primer frente: la invariabilidad tributaria en la megarreforma
El primero de los requerimientos fue presentado por 21 senadores de oposición y busca que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales los artículos 29 y 38 del proyecto, que crean un régimen de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones por plazos de 10, 15 y hasta 20 años.
En la presentación, los parlamentarios sostienen que impedir durante esos períodos la modificación de determinadas reglas tributarias vulnera el principio democrático y la alternancia en el poder, al limitar la capacidad de futuros gobiernos y del Congreso para modificar la legislación tributaria.
A juicio de los requirentes, el proyecto no solo protege los contratos que eventualmente se suscriban con inversionistas, sino que busca hacer inalterables las propias normas legales, lo que califican como incompatible con una república democrática.
El segundo: indemnizaciones por RCAs anuladas
La segunda acción constitucional también fue ingresada por senadores y apunta a los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecen un régimen especial de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada mediante una sentencia firme.
La norma permitiría que el titular de un proyecto reciba una compensación con cargo al Fisco por los gastos directos y efectivos en que incurrió, sin necesidad de acreditar una falta de servicio por parte del Estado.
Según el requerimiento, ello configura un estatuto privilegiado que vulnera la igualdad ante la ley, altera el régimen constitucional de responsabilidad estatal y puede afectar la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Además, advierte que la anulación de una RCA puede obedecer tanto a errores de la administración como a deficiencias del propio proyecto, por lo que consideran injustificado que el Estado deba asumir ese costo.
El requerimiento de diputados de oposición
La última presentación fue patrocinada por diputados de oposición y también centra sus cuestionamientos en la invariabilidad tributaria, aunque amplía las objeciones constitucionales respecto del diseño del proyecto.
Los parlamentarios sostienen que permitir que una ley establezca su propia invariabilidad abre la puerta a que futuras legislaciones pretendan hacer lo mismo, afectando las potestades del Congreso y el funcionamiento del sistema democrático. En el escrito incluso se califica la figura como un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”.
Con los tres requerimientos ya ingresados, el Tribunal Constitucional deberá revisar primero si cumplen los requisitos de admisibilidad. En caso de acogerlos a trámite, el organismo deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones y determinar si las normas cuestionadas se ajustan o no a la Constitución antes de la promulgación definitiva de la megarreforma.
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