La resolución de Contraloría fue categórica: María Trinidad Steinert actuó fuera de las atribuciones que le confería la ley al requerir antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones. Sin embargo, antes de que el organismo de control concluyera que su actuar era ilegal, la entonces ministra de Seguridad Pública presentó una extensa defensa donde explicó las razones que, a su juicio, hacían imprescindible intervenir.
Más que una discusión jurídica, su respuesta, la cual tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, revela el temor que existía en la cartera respecto de las consecuencias que podía tener el traslado de una brigada especializada de la PDI en medio de una investigación considerada crítica para el país.
“La omisión consciente frente a un riesgo evidente”
En el oficio reservado enviado a la entonces contralora Dorothy Pérez, Steinert sostuvo que no responder al traslado de los funcionarios habría significado incumplir su deber constitucional.
“La omisión consciente frente a un riesgo evidente para los fines del Estado no es una muestra de ‘imparcialidad’, sino una transgresión directa a la probidad administrativa”, afirmó.
Incluso fue más allá al sostener que, de haber permanecido pasiva, “habría constituido una omisión grave” y un “daño irreparable a la eficacia del servicio”, especialmente considerando que la investigación involucraba cooperación internacional y organizaciones criminales transnacionales.
El temor por el caso “Clan Chen”
Uno de los principales argumentos de la entonces secretaria de Estado fue la magnitud de la investigación conocida como “Clan Chen”.
Según explicó, se trataba de una causa por lavado de activos, estafas complejas tipo pig butchering y crimen organizado transnacional, con un perjuicio estimado en cerca de 300 millones de dólares.
En ese contexto, advirtió que el traslado de detectives especializados de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá se produjo cuando aún faltaba un día para la formalización de 39 imputados y luego de más de 70 allanamientos simultáneos realizados en cinco regiones.
“La superioridad policial dispuso la remoción masiva (…) un día antes de la formalización, sin explicación”, sostuvo.
“Desarraigo administrativo abrupto”
Steinert describió el cambio de funcionarios como un riesgo operacional de gran magnitud. Al menos así lo plantea la ahora exsecretaria de Estado en el documento reservado que envió a Contraloría.
En el escrito aseguró que los detectives removidos eran quienes dominaban la trazabilidad completa del caso, incluyendo la preservación de evidencia digital, billeteras de criptomonedas, dispositivos electrónicos, correos, cuentas en exchanges y direcciones blockchain.
“Se trató de un desarraigo administrativo abrupto de los investigadores clave”, escribió, añadiendo que el traslado “debió tener razones de seguridad superiores, como para tamaña decisión”.
“Abstenerse habría sido una negligencia”
La exministra insistió en que su actuación obedecía al estándar de diligencia que debía mantener una autoridad política. “Abstenerse de hacerlo habría sido una negligencia incompatible” con sus obligaciones legales, sostuvo.
Añadió que muchas de las organizaciones investigadas participan en terrorismo, trata de personas, secuestros, homicidios y lavado de activos, razón por la cual —según argumentó— la supervisión ministerial no podía permanecer al margen de una decisión administrativa que afectaba a los investigadores.
“La delincuencia organizada y la mafia no permite distracciones”
Quizás una de las frases más reveladoras del documento es aquella donde Steinert explica la lógica que, según ella, justificaba su intervención. “La delincuencia organizada y la mafia no permite distracciones, y muchas veces de ello puede depender una vida”, afirmó.
En otro pasaje agrega que “la probidad exige acción informada, no pasividad ante hechos notorios”, insistiendo en que su deber era actuar frente a antecedentes que consideraba preocupantes.
Su experiencia como fiscal regional
Otro de los pilares de su defensa fue su trayectoria previa en el Ministerio Público. Steinert rechazó que dicho conocimiento previo constituyera un conflicto de interés.
“La imparcialidad administrativa no es sinónimo de ignorancia; la autoridad con mayor conocimiento es, per se, la más idónea para ejercer el control”, escribió.
Asimismo, sostuvo que “una administración pública moderna e inteligente requiere autoridades informadas” y que utilizar la experiencia acumulada era precisamente una obligación para resguardar la seguridad del Estado.
Lo que finalmente resolvió Contraloría
Pese a toda esa argumentación, Contraloría concluyó que la exministra excedió las facultades que la Ley N.º 21.730 entrega al Ministerio de Seguridad Pública.
El órgano fiscalizador estableció que el ministerio no puede requerir antecedentes vinculados a investigaciones penales en desarrollo, aun cuando invoque labores de supervisión administrativa, porque ello invade competencias exclusivas del Ministerio Público.
De esta manera, el organismo descartó la interpretación sostenida por Steinert y concluyó que el oficio reservado enviado a la PDI fue emitido fuera del marco legal, cerrando una controversia donde la exministra insistió hasta el final en que actuó convencida de que permanecer inactiva podía poner en riesgo una investigación de alto impacto contra el crimen organizado. Posición que arrastró a la PDI y al propio presidente José Antonio Kast, el mismo que la defendió públicamente en al menos dos oportunidades.
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