Denuncia por maltrato y discriminación remece a Team ParaChile: Copachi responde y detalla criterios

Una gravísima denuncia expusieron los padres de la deportista y medallista paralímpica Trinidad Arroyo Fernández ante la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas, al acusar que su hija fue víctima de discriminación y, además, excluida de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, Colombia, por el Comité Paralímpico de Chile (Copachi).

Junto a la Fundación Defensoría del Deportista, la madre de la paratleta, Verónica Fernández, expuso: “Es un daño psicológico, vulneración de derechos. (Trinidad) ha sido tratada con lenguaje soez”.

“Todo el equipo del Comité Paralímpico diciendo que Trinidad, al tener discapacidad intelectual cognitiva, es tonta. Y por ser tonta, que mejor vaya a hacer ballet, que para eso sirve, que para lo que está haciendo no tiene proyección“, puntualizó.

Lo peor, según cuenta, vino después. “La trataron por tener discapacidad intelectual cognitiva, inventaron, porque es mentira, como madre lo puedo decir… que Trinidad orinaba en todas las piezas del hotel de Lima, lo cual fue comentado a todos los deportistas y por eso, nunca más nadie quiso hablarle”, indicó.

Aquello la llevó a ella a explicarle lo ocurrido a su hija: “Para que Trinidad esté tranquila y tratando de, entre comillas, endulzar las situaciones, le dije que la gente a veces no conoce el olor a perfume”.

Al respecto, el Comité Paralímpico de Chile indicó que la marginación de la novel nadadora de los Juegos Parasudamericanos de Valledupar responde netamente a criterios deportivos.

El abogado Benjamín Gajardo, al tanto de lo ocurrido, explicó a BioBioChile que, si bien no han recibido renuncias por el artículo 22, referente al Protocolo Contra el Abuso Sexual, Acoso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, se inició de igual manera un “procedimiento de oficio” producto de la denuncia.

Sin embargo, remarca que los padres de la afectada desistieron de continuar con el proceso interno y optaron por trasladarlo al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD).

“Apenas nos enteramos de que supuestamente hubo un hecho, activamos los protocolos. Nosotros tenemos que cumplir las resoluciones del CNAD. Hay una investigación en curso y la fiscal debe emitir un informe. A partir de ahí, se activa un proceso. Vamos a respetar las resoluciones”, añadió el jurista.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Deportes (IND) detalló mediante un oficio -en respuesta a un requerimiento de la Comisión de Deportes de la Cámara- que “la deportista se encontraba ubicada en las posiciones finales de los rankings sudamericano, panamericano y mundial en todas las pruebas consideradas para el evento”.

Por ello, sostienen, no calificó a las pruebas para ir a los Juegos ParaSuramericanos.

“En función de esos criterios, y considerando el cambio de categoría juvenil a adulta, el sistema de clasificación individual del evento y el posicionamiento internacional de la deportista, concluyeron que la deportista Trinidad Arroyo no reunía los antecedentes técnicos para ser convocada al control de marcas realizado el 05 de marzo de 2026″, consignó el respectivo documento al que tuvo acceso este medio.

Mientras tanto, la madre, en diálogo con BBCL, insistió en que el presidente del Copachi, Sebastián Villavicencio, “se limitó a dar disculpas inconsistentes” ante la Comisión de Deportes, al señalar “que el Comité Paralímpico no está para la inclusión, sino para el alto rendimiento”.

“Si no fuera por la inclusión, Copachi no debería existir. Existe un principio de celeridad; como familia estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

Mientras tanto, a la espera del pronunciamiento de la fiscal designada, el CNAD instó a que el Copachi tome medidas de protección para el reintegro deportivo de la paraatleta, tales como proveer “entrenador(es) distinto(s) a los denunciados antes individualizados, quienes además no deberán tener vinculación con los hechos denunciados”, dice en un documento al que accedió BBCL.

Además, se remarca que deben cumplir “las medidas necesarias para garantizar a la menor de edad un entorno seguro para la continuidad de su proceso deportivo” y a la vez, validar el cumplimiento de las mismas, para así evitar “cualquier circunstancia que pueda generar contacto, acercamiento, presión o afectación hacia la menor de edad antes indicada”.