¿Da para una acusación constitucional? Esa es la discusión que comenzó a tomarse el Congreso luego de que la Contraloría concluyera que la exministra de Seguridad, Trinidad Steintert, actuó fuera del marco de sus atribuciones legales y vulneró el deber de abstención al pedir a la PDI antecedentes sobre funcionarios que participaban en una investigación penal en curso.
El dictamen abrió un nuevo frente para el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Mientras algunos parlamentarios ya hablan de una comisión investigadora e incluso ponen sobre la mesa un eventual libelo acusatorio, otros llaman a bajar la temperatura y evitar una nueva guerra de acusaciones en el Congreso.
Los expertos, sin embargo, ponen paños fríos al debate.
Diputados evalúan AC y otras acciones contra Steinert
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien impulsó uno de los requerimientos que dieron origen al pronunciamiento de la Contraloría. A su juicio, el ente fiscalizador fue categórico y calificó la actuación de la exautoridad como “gravísima”.
Leiva adelantó que la bancada del Partido Socialista analizará los alcances del dictamen y perseguirá “todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”.
Una postura similar expresó el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, quien abrió la puerta a un juicio político:
“Lo resuelto por la Contraloría en relación a la exministra Steinert es de la máxima gravedad”, señaló, agregando que respaldan la creación de una comisión investigadora y que, “si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”.
“Por mucho menos se acusó al ministro Grau”
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito, aseguró que el caso debería incluso tener consecuencias para el futuro profesional de la exministra:
“Que la exministra de Seguridad del presidente Kast no haya tenido un plan, haya actuado en forma ilegal como reconoce Contraloría, amerita a que no pueda volver a ejercer en el Ministerio Público y, además, la revisión de procesos sancionatorios en su contra”, afirmó.
Otro de los parlamentarios que recurrió a Contraloría fue el diputado Patricio Pinilla, quien valoró que el organismo concluyera que la exministra incumplió sus funciones y atribuciones. Sostuvo que ahora corresponde evaluar nuevos pasos políticos y legislativos.
“Por mucho menos se acusó al ministro Grau del Gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, es razonable evaluar una comisión investigadora o quizás una nueva acusación constitucional, porque aquí es la Contraloría la que ha dicho que se infringieron deberes establecidos en la Constitución y las leyes”, argumentó.
El llamado a bajar la tensión política
No todos, sin embargo, comparten la idea de abrir un nuevo proceso acusatorio.
La senadora Paulina Núñez (RN) llamó a concentrarse en las demandas ciudadanas y evitar que el Congreso quede atrapado en una seguidilla de acusaciones constitucionales.
La parlamentaria recordó que, durante la discusión de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, desde distintos sectores se planteó que no era momento para este tipo de herramientas.
“Me parece que seguir con acusaciones de allá o de acá no ayuda en nada para que podamos sacar adelante y responder a las necesidades de las personas”, sostuvo.
Asimismo, pidió coherencia a quienes anteriormente cuestionaron el uso de este mecanismo.
¿Hay espacio político para una AC contra Steinert?
Ante las advertencias de algunos parlamentarios y el llamado a la cautela desde otros sectores, el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la UDP, Gustavo Campos, sostiene que el dictamen de Contraloría abre un nuevo flanco político para el Gobierno, pero también representa una prueba para la oposición respecto del uso de las acusaciones constitucionales:
“La oposición tiene que ver muy bien si efectivamente se cumplen los méritos para configurar una acusación constitucional y, además, hacer los cálculos políticos para que esta pueda prosperar”, señaló Campos.
Por su parte, Jaime Contreras, académico del Doctorado en Gobierno de la Universidad de Concepción, plantea que la exministra llegó al Ejecutivo con una lógica más cercana al funcionamiento del sistema judicial que al de la administración pública.
“Quizás en eso se extralimita, ya que el Poder Judicial sí tiene ciertas capacidades para exigir antecedentes a otros órganos, pero la administración pública funciona dentro del marco de competencias que le entrega la ley”, explicó.
El académico agregó que en este caso existía un conflicto de interés latente, considerando que la investigación involucraba a funcionarios con los que Steinert había trabajado previamente durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá, situación en la que, a su juicio, debió haberse abstenido de intervenir.
En ese escenario, estima que una AC contra Steinert es una alternativa que la oposición podría evaluar seriamente:
“Yo creo que aquí hubo una extralimitación en el ámbito del derecho público y eso podría efectivamente traer consecuencias para la exministra, como una acusación constitucional, sobre todo considerando el clima político actual”, concluyó.
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