El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio por acreditados, en esta etapa procesal, los delitos de lavado de activos y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA) en la investigación por el denominado Caso Sartor.
La resolución se conoce este martes, luego de dos semanas de audiencias de formalización, en las que la Fiscalía expuso los antecedentes que sustentan su solicitud de prisión preventiva para cinco exdirectores y ejecutivos vinculados al Grupo Sartor: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
De acuerdo con lo informado durante la audiencia, el tribunal también tuvo por acreditados otros ilícitos investigados, entre ellos distintos tipos de estafa, con un perjuicio atribuido que supera los $2.200 millones.
A ello se suma la administración desleal en relación con Gabriela Negrín, además de la apropiación indebida respecto de Comercial Sur Chile y Credicorp.
En cuanto al delito de contrato simulado, en tanto, el tribunal no lo dio por acreditado en esta etapa procesal.
La audiencia continuará ahora con el análisis de la participación que habrían tenido los imputados en los delitos que fueron considerados provisionalmente acreditados. Posteriormente, el tribunal deberá abordar la necesidad de cautela y determinar si corresponde decretar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para los cinco imputados.
La controversia por Michael Clark
Uno de los principales puntos de discusión durante las audiencias fue la situación de Michael Clark y su vínculo con Azul Azul.
La defensa del empresario sostuvo que su participación se produjo mediante la adquisición de cuotas de un fondo de inversión que ya controlaba el 63% de la sociedad vinculada a la Universidad de Chile, por lo que —según su argumento— no se configuraba una operación que exigiera una OPA.
La Fiscalía, en sus réplicas, sostuvo lo contrario y planteó que la operación significó una toma de control indirecta que sí requería una oferta pública de adquisición.
El fiscal Juan Pablo Araya también presentó antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, darían cuenta de la influencia ejercida por Clark en decisiones de Azul Azul.
Perjuicio a inversionistas
Otro de los ejes de la discusión estuvo centrado en el eventual perjuicio provocado a los inversionistas del Grupo Sartor.
Las defensas cuestionaron la responsabilidad que se les atribuye y apuntaron, entre otros antecedentes, a la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal su primera decisión de revocar la autorización de Sartor AGF.
Desde la parte querellante, en cambio, se sostuvo que el daño patrimonial se produjo antes de las actuaciones de la CMF y que los imputados ya contaban con información sobre la situación financiera del grupo.
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