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Este martes, el Senado rechazó la Acusación Constitucional (AC) presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, poniendo fin a una de las jornadas políticas más intensas de las últimas semanas en el Congreso.
Cabe recordar que el libelo fue impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP), quienes atribuyeron al exsecretario de Estado responsabilidad política por presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno anterior.
En específico, cuestionaron las diferencias detectadas entre las estimaciones del déficit fiscal y la deuda pública proyectadas para los años siguientes.
Hace una semana, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Sin embargo, pese a ese respaldo, el resultado en el Senado ya se anticipaba adverso debido a la ausencia de representantes del PDG, cuyos votos fueron determinantes para que el libelo avanzara desde la Cámara Baja.
La votación en el Senado
Finalmente, el primer capítulo de la acusación fue rechazado por la Cámara Alta con 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.
El segundo capítulo corrió la misma suerte, al ser rechazado con nueve votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones.
Por su parte, el tercer capítulo obtuvo 16 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones, por lo que también fue desestimado.
El cuarto y último capítulo fue rechazado con 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, cerrando definitivamente la tramitación de la acusación constitucional.
AC contra exministro Grau: el debate
La votación se desarrolló en medio del debate sobre la viabilidad de presentar una acusación constitucional contra Nicolás Grau, considerando que diversos especialistas habían advertido que la acción carecía de sustento jurídico. En ese escenario, varios senadores fundamentaron su voto durante la sesión.
El senador Vlado Mirosevic (PL) afirmó que “tengo claro que no existe tal infracción”, y explicó que una acusación constitucional “no está hecha para que se construya sobre apreciaciones de mérito de la gestión pública ni como crítica política”. Además, sostuvo que “no hay reproches por dolo ni negligencia”. Pese a manifestar su postura, decidió inhabilitarse de la votación.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) también se inhabilitó debido al parentesco lejano que mantiene con el exsecretario de Estado.
En tanto, el senador Karim Bianchi (IND) cuestionó el costo que implicó convocar a los parlamentarios durante la semana regional para participar en la votación, monto que estimó en cerca de $200 millones.
A su vez, la senadora Andrea Balladares (RN) señaló ante la Sala que “no he logrado la convicción suficiente de que exista la causal de infracción constitucional”.
Por otro lado, el senador Fidel Espinoza (PS) sostuvo que “hay que reconocer que este mecanismo ha ido perdiendo con el tiempo su carácter excepcional”, transformándose, a su juicio, en una herramienta de confrontación política permanente.
Finalmente, la senadora Paulina Núñez (RN) anunció su voto en contra al señalar que, si bien reconoce la gravedad del problema fiscal, no considera acreditada la responsabilidad constitucional que se le atribuye al exministro de Hacienda.
