El sistema judicial chileno enfrenta una crisis de percepción profunda y multifactorial. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Democracia UDP & Feedback, la ciudadanía manifiesta una desconfianza generalizada respecto a la igualdad ante la ley, las barreras de acceso institucional y la eficacia real de los tribunales para resolver los conflictos de las personas.
La desafección queda en evidencia al constatar que el 58% de los consultados asegura que el sistema judicial ha empeorado durante los últimos años, frente a un 32% que lo percibe estancado y apenas un exiguo 9% que nota mejorías.
Esta brecha se profundiza al evaluar la equidad del modelo, donde un abrumador 88% sostiene que las posibilidades de recibir justicia están directamente supeditadas al poder adquisitivo, las redes de contactos y el lugar de residencia, dejando solo a un 11% con la convicción de que existe una cancha pareja.
En este escenario, un 89% califica como difícil o muy difícil que el ciudadano de a pie logre hacer valer sus derechos fundamentales ante los tribunales, mientras que el 90% asume como una realidad incontestable que contar con una defensa legal costosa es el factor decisivo en el desenlace de un caso penal.
Críticas a la imparcialidad y acceso a la justicia
El examen ciudadano sobre el comportamiento de los tribunales arroja cifras preocupantes en materia de probidad y sesgos. El 86% de la población rechaza la premisa de que la justicia mida con la misma vara a las personas sin importar su peso económico o político, al tiempo que un 69% descarta que las sentencias se dicten libres de presiones externas.
Asimismo, tres de cada cuatro chilenos ven serias dificultades de acceso institucional y un 84% resalta la deprimente desconexión temporal de un sistema que llega demasiado tarde para resolver los problemas de la gente.
De hecho, la lentitud encabeza la lista de los dolores crónicos de la judicatura, calificada como un problema grave o muy grave por el 98% de la muestra. Este sombrío diagnóstico es compartido de forma casi unánime cuando se evalúa la falta de transparencia con un 98%, el favoritismo hacia ciertos privilegios con un 98% y la corrupción, que se consolida como la mayor alarma pública al alcanzar un rotundo 99% de reprobación.
Encuesta UDP-Feedback: Baja confianza en las instituciones
El desplome de la credibilidad afecta de manera transversal a todo el entramado judicial, donde ninguna entidad logra superar la barrera del 30% de alta confianza. Dentro de este adverso panorama, los juzgados de familia lideran tímidamente la valoración con un 26%, seguidos de cerca por la Corte Suprema con un 21% y los tribunales militares con un 20%.
En la otra vereda, el descontento es mayoritario, ya que más de la mitad de los encuestados manifiesta una nula o escasa confianza en pilares clave del proceso penal: la Fiscalía encabeza el desapego con un 57%, secundada por la Corte Suprema con un 54%, las cortes de apelaciones con un 52% y los tribunales de juicio oral con un 51%.
A pesar de este severo juicio, el valor democrático del sistema permanece intacto en el imaginario colectivo, dado que el 88% de los ciudadanos concuerda en que un aparato judicial eficiente es el motor principal para fortalecer la confianza de las personas en la democracia.
Ciudadanos respaldan penas más severas, según Encuesta UDP-Feedback
En el ámbito punitivo, las respuestas del estudio revelan un fuerte viraje hacia el rigor penal y la severidad regulatoria. Una abrumadora mayoría del 94% exige que los delitos económicos de alta gravedad se castiguen invariablemente con presidio efectivo, terminando con las suspensiones o penas alternativas.
En sintonía con las tensiones migratorias, un 74% plantea que el ingreso clandestino al territorio nacional debe tipificarse como un delito grave que derive en cárcel o en la expulsión inmediata del país. Esta demanda por mano dura se manifiesta de manera drástica en que un 61% se declara a favor de restablecer la pena de muerte para crímenes de máxima gravedad, tales como los homicidios múltiples o los abusos severos contra menores de edad.
Respecto a los fines de la persecución penal, la ciudadanía prioriza el castigo al infractor con un 97%, la reparación del daño causado a la víctima con un 93% y el efecto disuasivo para la sociedad con un 91%, relegando la rehabilitación al cuarto lugar, aunque esta última conserva un notable 71% de apoyo.
Delincuencia y cárceles
Al priorizar la agenda de seguridad que debería liderar el Ejecutivo, las miradas apuntan al combate de las estructuras complejas: el 53% exige la desarticulación inmediata de las bandas de crimen organizado, un 48% aboga por el endurecimiento penal estricto para los delincuentes reincidentes y un 45% apoya el levantamiento del secreto bancario como herramienta financiera estratégica.
Por su parte, el debate sobre el régimen penitenciario polariza a la opinión pública en dos bloques casi simétricos. Mientras un 51% sostiene la necesidad de resguardar condiciones de vida dignas en los penales bajo el argumento de que la sanción legítima es únicamente la privación de libertad, un 49% defiende que el entorno carcelario debe ser hostil y severo como parte de la sanción.
Sin embargo, el consenso regresa al analizar la crisis de seguridad interna, donde un alarmante 91% suscribe que Gendarmería de Chile sufre actualmente la infiltración de mafias criminales tras las rejas, según el sondeo UDP-Feedback.
Cuatro perfiles frente a democracia y justicia
A partir de las diversas sensibilidades detectadas, el estudio configuró una radiografía social dividida en cuatro grandes perfiles ciudadanos. El grupo predominante está compuesto por los “Garantistas”, quienes concentran el 37% de la muestra y se definen por un sólido compromiso con el orden democrático matizado por una mirada profundamente crítica de la gestión judicial vigente.
A continuación se ubican el “Autoritarismo punitivo” con un 23%, los “Reformistas progresistas” con un 22% y los “Pragmáticos escépticos” con un 18%.
Al hacer doble clic en el segmento del autoritarismo punitivo, se observa un fuerte desapego institucional, donde un 43% justifica que un régimen de fuerza puede ser preferible a la democracia bajo ciertos contextos, y un casi unánime 96% sitúa el castigo puro como la única prioridad del esquema penal.
En definitiva, la radiografía de UDP y Feedback expone a una sociedad que resguarda el valor de sus instituciones democráticas, pero que mira con creciente alarma el desempeño de su justicia, resentida por la desigualdad de acceso, la impunidad percibida y la falta de oportunidad en sus fallos.
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