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Chile vivió en las últimas semanas un episodio que dice más de nosotros que de Haití. Empezó con la filtración del preinforme de la Contraloría sobre el ingreso de menores haitianos por reunificación familiar, y con titulares que hablaban de “184 niños desaparecidos”, de “más de 200”, de una posible red de trata. La Fiscalía abrió investigación de oficio por cuatro delitos: trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de documentos y cohecho. La Moneda convocó una reunión de emergencia. El Congreso anunció una comisión investigadora. Durante varios días, el país creyó estar frente a una operación criminal masiva contra la infancia.
Entonces las autoridades hicieron lo que debieron hacer antes de instalar el pánico: buscaron a los niños. El martes 23 de junio, la PDI confirmó que los 64 menores que figuraban “sin paradero” estaban todos ubicados. Sesenta y tres en Chile, una adolescente en México. Todos bien físicamente, la mayoría escolarizados y con acceso a salud, todos junto a sus familias. El director de la policía civil fue tajante: en esos casos no hay nada acreditado de tráfico ni de trata.
Conviene quedarse con esa frase, pero también con lo que no resuelve. Porque aquí hay dos errores en disputa, y los dos son peligrosos.
El primero es la histeria. El informe final de la Contraloría es severo, pero lo que documenta no es una red de trata: es un fracaso del Estado chileno. Migraciones flexibilizó requisitos legales con un memorándum interno, sin atribuciones, vulnerando la Ley 21.325. Tres servicios —Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez— operaron sin protocolos comunes ni trazabilidad de los menores.
Y un dato esencial: los 45 vuelos chárter que trajeron a estos niños entre 2022 y 2025 estaban todos autorizados por el propio Estado, vía la Dirección General de Aeronáutica Civil. Todos los pasajeros tenían su residencia temporal. Lo que existió no fue un corredor clandestino, sino un corredor humanitario improvisado, que se armó precisamente porque Chile nunca construyó uno formal.
El segundo error sería el contrario: concluir que, como aparecieron los niños, aquí no pasó nada, que era solo papeleo. Y para entender por qué esa lectura también es ciega, hay que hacer algo que el debate chileno no hizo: mirar de dónde vienen estos niños, y qué es de verdad la trata.
Tengo sobre la mesa dos investigaciones recientes y rigurosas. Una es el informe de marzo de 2026 del Global Initiative Against Transnational Organized Crime —organización de cuya red de expertos formo parte, y lo señalo para transparentarlo—, titulado Brokers and Patrons. La otra es el informe de Amnistía Internacional de febrero de 2025, cuyo título es la frase de una niña haitiana: “Soy una niña, ¿por qué me ha pasado esto?”. Las dos describen el país real del que salen estas familias, y las dos obligan a corregir el vocabulario que usamos en Santiago.
GI-TOC documenta un Haití donde las pandillas controlan cerca del 90% de la capital, donde en 2025 fueron asesinadas 5.915 personas y donde la violencia desplazó a más de 1,4 millones, casi el triple que a comienzos de 2024. Las pandillas no son insurgentes: son corredores —brokers— incrustados en la economía política del país, que controlan el paso de mercancías, de personas y de ayuda. Y producen un éxodo. El informe relata un detalle que hiela la sangre de todos: en varios barrios la gente destruye sus documentos de identidad, porque el lugar de nacimiento ya señala una presunta lealtad a tal o cual banda, y eso puede costar la vida.
Amnistía, por su parte, le pone rostro y nombre legal a esa violencia. Sobre la base de 112 entrevistas —51 de ellas a menores de entre 10 y 17 años— y de trabajo de campo en ocho comunas de Puerto Príncipe, documentó niños reclutados como informantes y repartidores, niñas secuestradas y violadas en grupo, menores explotados sexualmente a cambio de comida. Y aquí está el punto que invierte por completo el relato chileno: bajo el derecho haitiano e internacional, un niño reclutado por una banda es víctima de trata de personas; una niña secuestrada para explotación sexual es víctima de trata. Eso es la trata. No es una madre que esperó tres años para abrazar a su hijo: es lo que esa madre intenta evitarle a su hijo. Para muchas de estas familias, la reunificación no es la puerta de entrada a la trata; es la ruta de escape de ella.
Amnistía registra incluso el mismo gesto que GI-TOC: los niños haitianos temen que la policía les revise los documentos, porque venir de cierto barrio basta para volverlos sospechosos. El documento de identidad, allá, no protege, lo que hace es delatar presunta pertenencia. Cuando ese niño llega a Chile y aquí también su origen lo vuelve sospechoso —ahora de ser la prueba viviente de una red de trata—, le estamos repitiendo, con otro acento, la misma lógica de la que huyó.
Esto no significa que el riesgo no exista. Significa que estábamos buscándolo en el lugar equivocado. Porque cuando un Estado de destino no construye un canal formal, seguro y trazable, el vacío no queda vacío, lo llena un corredor informal. Y los corredores informales son, por definición, el terreno donde la economía migratoria se contamina con la criminal.
Lo he visto en terreno en la frontera entre Venezuela, Colombia o recientemente Costa Rica y Nicaragua, donde el negocio del cruce lo administran intermediarios que conectan, sin solución de continuidad, lo lícito y lo ilícito, el que cobra por mover a una familia es a veces el mismo que mueve otra cosa. El gestor de la ruta no distingue entre cargas; distingue entre quién paga. Por eso la pregunta correcta nunca fue “¿hubo trata en estos 64 casos?”. La pregunta es qué arquitectura montó Chile para que miles de niños viajaran por una ruta sin trazabilidad, con un adulto que en un caso respondía por 34 menores, mientras un exdirector de Migraciones advertía del riesgo ya en 2023.
Y de ahí se desprende la advertencia de fondo, que es además una advertencia para el momento político que vivimos. La respuesta correcta a este corredor no es cerrarle la puerta a Haití. Tanto Amnistía como las normas interamericanas son explícitas: ningún país debería deportar por la fuerza a personas haitianas mientras dure el terror de las bandas, y las personas desplazadas deberían ser tratadas como refugiadas. Una comisión investigadora que termine convertida en una requisitoria contra la migración haitiana en bloque no protegería a un solo niño; haría exactamente lo contrario.
Llego entonces al punto que más me importa, y que este episodio expone con mayor crudeza. La diferencia entre los dos errores —la histeria y la negación— no es ideológica. Es metodológica. Lo que disparó el pánico chileno fue una muestra de 105 niños visitada en una sola jornada, de día, en domicilios registrados un año antes. Eso no es investigar la trata, es simplemente tropezar con las consecuencias de un Estado sin trazabilidad y confundirlas con un crimen. Frente a eso, miremos cómo se investiga de verdad. Amnistía construyó sus conclusiones sobre 51 entrevistas presenciales a niños, contrastadas con imágenes de satélite, videos y documentos, en barrios que nombra uno por uno. GI-TOC levantó su análisis sobre fuentes de terreno y un marco de economía política, no sobre titulares. Ese es el estándar. Determinar si hay trata de un niño —en Haití o en Chile— no se hace con un preinforme filtrado ni con un punto de prensa, se hace con método, con tiempo y con trabajo de campo, escuchando a las víctimas en vez de usarlas como argumento.
Los 64 aparecieron, y hay que decirlo con todas sus letras. Pero la verdadera medida de un Estado no es si encuentra a los niños después del susto. Es si construye los caminos seguros para que nunca tengan que viajar por las sombras, y si, cuando sospecha de un delito tan grave como la trata, lo investiga con la seriedad que ese delito exige. Mientras no hagamos ninguna de las dos cosas, seguiremos importando, sin saberlo, un pedazo de la economía política de la violencia haitiana. Y le seguiremos debiendo una respuesta a esa niña que preguntaba, con toda razón, por qué le había pasado esto.
