El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, reveló que la institución advirtió formalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre el arribo de vuelos con ciudadanos haitianos —en su mayoría niños, niñas y adolescentes— que no cumplían con los requisitos legales para ingresar al país, situación revelada por un reportaje de Radio Bío Bío.
Entre los documentos se encuentra un oficio enviado el 23 de julio de 2025 por Thayer al director general de la DGAC, Carlos Madina Díaz, en el que informó que las aerolíneas Arajet, Aruba Airlines y Galistair habían transportado desde Haití y República Dominicana a pasajeros extranjeros, principalmente menores de edad, algunos de ellos sin la documentación exigida por la Ley de Migración y Extranjería.
En el documento, el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones advirtió que la institución desconocía las condiciones en que esos menores eran trasladados desde Haití a República Dominicana y posteriormente a Chile, alertando que aquello “podría derivar en una eventual vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Por ello, solicitó a la DGAC que no autorizara vuelos de dichas compañías hacia el país.
La petición se produjo luego de que Migraciones iniciara procedimientos sancionatorios contra las empresas por incumplir la normativa y tras recibir múltiples denuncias de la Policía de Investigaciones por pasajeros haitianos que arribaron sin contar con visas o con permisos vencidos.
Sin embargo, en una respuesta fechada el 14 de agosto de 2025, la DGAC informó que derivó los antecedentes a su Departamento Jurídico para investigar eventuales infracciones y evaluar posibles sanciones, pero no acogió la solicitud de impedir las operaciones aéreas. La institución indicó que analizaría la eventual adopción de medidas adicionales conforme a sus atribuciones legales.
Los antecedentes muestran además que las alertas de Migraciones se remontaban al menos a enero de 2023. En un oficio reservado enviado ese año a la DGAC, Thayer informó sobre un vuelo chárter proveniente de Puerto Príncipe con 141 pasajeros, entre ellos 98 menores de edad a cargo de solo dos adultos responsables.
Según ese documento, el Servicio Nacional de Migraciones manifestó a la aerolínea Star Perú su preocupación por los riesgos para la protección y los derechos de los menores, advirtiendo incluso sobre la posibilidad de delitos de tráfico o trata de personas. La compañía finalmente canceló el vuelo luego de que se le comunicara que los niños no contaban con toda la documentación requerida.
A ello se suma un correo electrónico del 3 de septiembre de 2025 enviado por el entonces jefe de gabinete de la dirección nacional, Nicolás Torrealba, a la directora de Operaciones del servicio. En el mensaje se solicitó suspender el otorgamiento de permisos de residencia temporal para niños y adolescentes haitianos solicitados desde el extranjero.
La instrucción en Migraciones se justificó en las “fundadas dudas” existentes respecto del proceso migratorio de estos niños haitianos, desde la obtención de las residencias hasta su ingreso a Chile, así como en las dificultades que enfrentaba el consulado chileno en Haití para verificar la autenticidad de la documentación presentada.
Los antecedentes se conocen luego de que un reportaje de BBCL Investiga revelara un preinforme reservado de la Contraloría General de la República que detectó graves falencias en el ingreso masivo de niños haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar. La auditoría estableció que, en numerosos casos, no existió una validación efectiva de la relación entre los menores y los adultos que los acompañaban, pese a que gran parte de los traslados se realizaron en vuelos chárter autorizados por las autoridades chilenas.
La investigación también determinó que, de las 2.792 personas que ingresaron por reunificación familiar en el período analizado, 1.476 lo hicieron en vuelos no regulares operados por compañías como Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines. Asimismo, en una muestra de 366 pasajeros examinados por Contraloría, 333 correspondían a niños, niñas y adolescentes, lo que llevó al organismo fiscalizador a advertir un patrón de traslados masivos y deficiencias en los controles aplicados por las instituciones involucradas.
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