Comité Técnico del Censo defiende proceso y dice que contratados irregularmente son menos del 0,1%

Después de que Contraloría detectara diversas irregularidades en la realización del Censo 2024, entre ellas que trabajaron 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar, integrantes del Comité Técnico Asesor del Censo salieron en su defensa, destacando que esas contrataciones representan menos del 0,1% del total.

Mediante una carta al director —que fue compartida por el exministro de Economía, Nicolás Grau—, quienes estuvieron a cargo del proceso señalaron que “el censo de población es una de las operaciones estadísticas más complejas que realiza el Estado, ya que requiere recopilar información de prácticamente toda la población del país, en su gran mayoría mediante visitas a los hogares”.

Seguido a ello, plantearon que, “a nuestro juicio, el Censo 2024 fue un proceso exitoso, desarrollado con profesionalismo por parte de su equipo directivo y técnico, y que ha entregado información de enorme relevancia para el diseño de políticas públicas (…)“.

Así, explicaron que “para llevar adelante esta tarea el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a alrededor de 38.000 censistas”, recalcando que “los 16 casos cuestionados por contar con antecedentes penales y los 14 casos con una situación migratoria irregular representan menos de 0,1% del total de personas contratadas, proporción que debe ser considerada al momento de evaluar la magnitud de las observaciones realizadas”.

Comité Técnico Asesor del Censo 2024 defiende el proceso

No obstante, posteriormente subrayaron que “evidentemente, cualquier irregularidad que se compruebe debe ser debidamente investigada y sancionada” y advirtieron que “la recolección de información censal enfrenta diversos riesgos operativos y de seguridad”.

“En numerosos sectores del país, los censistas deben desarrollar su labor en contextos complejos, e incluso ingresar con apoyo policial a zonas afectadas por la delincuencia y el narcotráfico, exponiéndose a riesgos para su integridad física”, apuntaron.

“Esperamos que esta discusión contribuya a impulsar la modernización de los procesos censales en Chile. Resulta pertinente avanzar hacia un mayor uso de tecnologías de información y de registros administrativos del Estado, reduciendo riesgos operativos y aumentando la eficiencia. Chile cuenta con las capacidades institucionales y tecnológicas para ir progresivamente en esa dirección”, agregaron.

Finalmente, reiteraron que “en nuestra calidad de integrantes externos del Comité Técnico, el Censo 2024 fue un proceso exitoso, cuya evaluación no puede ponerse en cuestión por los antecedentes recién conocidos“.

Posible conflicto de interés en licitación

Cabe destacar que, además de las citadas irregularidades, la CGR advirtió un posible conflicto de interés en una adjudicación por cerca de $1.700 millones.

Esto porque una exasesora del proceso censal, que mantuvo un vínculo contractual con el INE hasta el 31 de agosto de 2024, participó como experta en la comisión encargada de evaluar dicha licitación, mientras que, en paralelo, era representante legal de McCann Erickson S.A., firma que mantenía una participación del 60% en Dittborn y Unzueta S.A., empresa que finalmente se adjudicó el contrato.