La conformación de la comisión mixta que deberá zanjar las diferencias sobre el proyecto que amplía las facultades para levantar el secreto bancario se transformó en un nuevo foco de disputa entre oficialismo y oposición.
Mientras los comités parlamentarios continúan negociando la integración de la instancia, desde la oposición sostienen que, de respetarse los criterios históricos de designación, podrían alcanzar una mayoría favorable a una fórmula más amplia para acceder a información bancaria en investigaciones vinculadas al crimen organizado.
La controversia surge luego de que la iniciativa fuera rechazada parcialmente durante su tramitación, obligando a la creación de una comisión mixta compuesta por cinco senadores y cinco diputados.
En el Senado, la integración está prácticamente definida, ya que serán los miembros de la Comisión de Seguridad quienes representen a la Cámara Alta. Sin embargo, en la Cámara de Diputadas y Diputados el proceso es más complejo.
El primer cupo corresponde al diputado informante del proyecto, el independiente-PPD Jaime Araya, quien ya tiene asegurada su participación. Los restantes escaños suelen distribuirse considerando el tamaño de los comités parlamentarios, criterio que podría favorecer a sectores opositores.
Según explicó Araya, si se mantiene la tradición legislativa, la comisión podría quedar con una mayoría favorable a fortalecer las facultades para levantar el secreto bancario.
“Debiera ser a lo menos seis personas favorables a fortalecer todo lo que es levantamiento del secreto bancario y cuatro personas del oficialismo en contra”, afirmó el parlamentario.
Gobierno insiste en vía judicial
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó que exista oposición al levantamiento del secreto bancario, aunque recalcó que la postura del Gobierno apunta a que esta herramienta opere mediante autorización judicial.
“No hay ninguna declaración de alguien del Gobierno o de parlamentarios que están en la coalición del oficialismo que se opongan al alzamiento del secreto bancario”, sostuvo.
En esa línea, agregó que el desafío es compatibilizar la colaboración en las investigaciones con la protección de la privacidad bancaria de las personas.
Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que una eventual fórmula que contemple jueces o fiscales disponibles las 24 horas para resolver solicitudes de acceso a información financiera podría ser un avance, aunque advirtió que aquello podría no ser suficiente para alcanzar un acuerdo político amplio.
“El virtual empate podría nuevamente darse en la comisión mixta y, por lo tanto, hay que ser originalmente creativos para destrabar esto”, señaló.
Oposición acusa uso político del debate
Desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró que existe consenso respecto de la necesidad de fortalecer las herramientas para combatir el crimen organizado, aunque cuestionó la insistencia de sectores de izquierda en impulsar mecanismos de carácter administrativo.
A su juicio, el debate sobre el secreto bancario se ha convertido en una herramienta política en materia de seguridad.
La decisión sobre la integración definitiva de la comisión mixta fue postergada para la próxima semana, cuando los comités parlamentarios retomen las conversaciones.
La resolución final dependerá además de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezada por Jorge Alessandri, instancia que deberá proponer la nómina de integrantes para su ratificación en sala.
Pese a las presiones cruzadas, en el Congreso varios parlamentarios estiman que el escenario más probable es que la comisión termine conformándose con un empate de cinco representantes por sector, dejando la definición del polémico mecanismo nuevamente abierta a negociaciones.
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