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Los diputados del PS y PC, Juan Santana y Luis Cuello, acudieron a Contraloría para presentar requerimiento contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por presunto conflicto de interés al no declarar vínculo de su hermano con empresa inmobiliaria. Solicitan investigar si incumplió normas de probidad en la megarreforma. Ministro Alvarado defiende a Quiroz, asegurando que la información está consignada.
Los diputados del Partido Socialista Juan Santana y el Comunista Luis Cuello, acudieron este viernes a la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Los parlamentarios acusan un eventual conflicto de interés del secretario de Estado vinculado a la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno.
Según explicaron, Quiroz no habría consignado en su declaración de patrimonio e intereses la participación de su hermano, Víctor Quiroz, en una empresa ligada al sector inmobiliario y de la construcción.
Un rubro que, afirman, podría verse beneficiado por algunas de las medidas contempladas en el proyecto.
Juan Santana acusó que el ministro “no reconoció este vínculo en su declaración de patrimonio”, incumpliendo así el “principio de probidad”.
En razón de aquello, los parlamentarios pidieron a la Contraloría determinar si el ministro incumplió las normas de probidad y transparencia al no informar oportunamente el vínculo familiar cuestionado.
Además, plantearon que debía evaluar una eventual inhabilitación en la tramitación de la reforma.
En esa línea, el diputado Luis Cuello sostuvo que, de acuerdo con la ley, Jorge Quiroz “debería abstenerse de seguir liderando el proyecto mientras se esclarecen los antecedentes”.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que los parlamentarios tienen pleno derecho a recurrir a la Contraloría para fiscalizar, pero afirmó que no tiene dudas de que esto ya está consignado en la declaración.
Además, descartó la existencia de un conflicto de interés y criticó que “se busquen posibles vínculos solo por suspicacias”.
Por ahora, será la Contraloría General de la República la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
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