El ministro secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, aseveró públicamente que su par de Hacienda, Ignacio Quiroz, sí transparentó en su Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI) el vínculo familiar con su hermano, quien está ligado a una firma inmobiliaria que podría verse beneficiada por la Ley de Reconstrucción Nacional.
Las palabras del vocero, sin embargo, chocan de frente con la realidad. Ya que una revisión exhaustiva al documento oficial alojado en el portal InfoProbidad confirma que dicho parentesco simplemente no está consignado, como tampoco se menciona participación alguna de sus familiares en la sociedad cuestionada.
La controversia escala tras un reportaje de El Mostrador que reveló la omisión del titular de Hacienda. La publicación encendió las alarmas en el Congreso y motivó a diputados del Partido Socialista y del Partido Comunista a acudir hasta la Contraloría General de la República para exigir un pronunciamiento por un eventual conflicto de interés.
La férrea (e inexacta) defensa de Alvarado a Quiroz
Consultado por la gravedad de la denuncia, el ministro Alvarado salió en defensa del jefe de la billetera pública, afirmando con soltura que el nexo sí estaba bajo regla.
“En la declaración de patrimonio de intereses, uno debe explicitar el vínculo de familiares directos; la relación, por lo tanto, no tengo duda de que eso está ahí señalado”, sostuvo de forma tajante el vocero de Gobierno.
Pese a que el sistema público desmiente sus dichos, Alvarado redobló la apuesta. No solo descartó cualquier tipo de irregularidad, sino que además acusó “suspicacia” por parte de los parlamentarios de oposición que impulsan la ofensiva en el órgano contralor.
“Empezar a dar vueltas en círculos buscando dónde puede haber una posibilidad de conflicto de interés, me parece a mí que es ir demasiado lejos”, fustigó el secretario de Estado.
En esa línea, Alvarado intentó normalizar la situación argumentando que “uno a la familia no puede prohibirle las actividades profesionales que desarrollan”, descartando que la participación de privados en el círculo íntimo de la autoridad constituya una incompatibilidad automática con el cargo.
Presión sobre Quiroz
El blindaje de la casa de Gobierno llega en el peor momento para el ministro Quiroz, debido a la compleja tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, una de las iniciativas emblemáticas de la administración del presidente José Antonio Kast, que busca inyectar millonarios incentivos tributarios precisamente al sector inmobiliario y de inversión.
En este contexto, la omisión del secretario de Estado instala mantos de duda sobre la transparencia con la que el jefe de las finanzas públicas informó sus nexos indirectos, justo cuando se discuten normas que impactarán directamente en el negocio de su propio hermano.
Con las cartas sobre la mesa y La Moneda alineada en el control de daños, la última palabra la tendrá la Contraloría, que deberá determinar si el ministro Quiroz infringió o no las obligaciones de transparencia activa que pesan sobre las más altas autoridades del país.
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