En el marco del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, los datos revelan que entre 2022 y 2024, en Chile, las denuncias aumentaron un 73%, concentrándose principalmente en adolescentes mujeres entre 14 y 17 años.
Según datos actualizados de la Defensoría de la Niñez, solo durante 2024 se reportaron 858 víctimas en delitos asociados a obtención o facilitación de explotación sexual, mientras que en redes residenciales se identificaron 411 posibles víctimas.
En paralelo, la discusión legislativa en el Senado ha citado estimaciones que hablan de cerca de 6.000 niños y adolescentes involucrados en comercio sexual en el país.
El fenómeno, sin embargo, podría ser mucho mayor; la evidencia internacional advierte que muchos casos de explotación sexual infantil siguen sin ser denunciados y que las cifras oficiales representan solo una parte del problema.
Aumento en denuncias vinculadas a explotación sexual infantil en Chile
Desde World Vision —una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria e incidencia, dedicada a proteger y mejorar el bienestar de la niñez más vulnerable— advierten que la explotación sexual infantil no ocurre únicamente en contexto de crimen organizado visible o probeza extrema.
“Hoy también se está facilitando desde espacios cotidianos y digitales donde adultos captan, manipulan y vulneran a niños y adolescentes sin que muchas veces el entorno lo detecte a tiempo”, advierte el gerente de la organización, Juan Pablo Venegas.
A nivel global, organismos especializados alertan sobre una fuerte expansión de la explotación sexual facilitada por la tecnología. La alianza internacional WeProtect reportó un aumento del 87% en los reportes de material de abuso sexual infantil desde 2019, mientras que el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) analizó cerca de 32 millones de reportes solo en 2022.
Actualmente, el país cuenta con el Cuarto Marco para la Acción contra la ESCNNA (2021-2026), además de avances legislativos como la Ley 21.522, que fortaleció figuras penales relacionadas con explotación sexual y material abusivo infantil.
Pese a ello, desde organizaciones de infancia advierten que las respuestas siguen siendo insuficientes frente a la velocidad con que evolucionan las dinámicas de captación y explotación, especialmente en plataformas digitales.
“Seguimos llegando tarde. Mientras las redes de explotación se adaptan rápidamente a nuevas tecnologías y formas de contacto, el Estado todavía responde de manera fragmentada y reactiva. La prevención y la detección temprana deberían tener el mismo nivel de prioridad que la persecución penal”, sostiene Venegas.
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