Gendarmería confirma ingreso de Joaquín Lavín León a Capitán Yáber y su exasesor a Santiago 1

Gendarmería informó mediante un comunicado que durante la jornada de este viernes recibió a los imputados Joaquín Lavín León y Emiliano Domínguez Vallejos. El primero ingresó al Anexo Capitán Yáber, mientras que el segundo lo hizo al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

La institución señaló que el ingreso se produjo “con motivo de la prisión preventiva decretada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago”.

Ambos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario. El procedimiento incluyó las etapas de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud.

Recordemos que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. La decisión se adoptó tras extensas jornadas de formalización.

Revisa aquí el comunicado de Gendarmería:

Prisión preventiva para Joaquín Lavín León

Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León. Entre ellos se cuentan fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario.

El juez Urrutia sostuvo en su resolución: “Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”. El tribunal otorgó 90 días de plazo para la investigación. Lavín León salió esposado del tribunal.

Según el Ministerio Público, el eventual perjuicio fiscal asciende a $104 millones. La causa apunta a la existencia de un mecanismo destinado a desviar recursos públicos con fines personales y electorales. La defensa, en tanto, descarta los cargos y atribuye las irregularidades a errores administrativos.

Tal como reveló BBCL Investiga, el parlamentario —según la indagatoria— también obtuvo financiamiento de dineros públicos del Congreso para pagar una deuda personal que mantenía con la imprenta MMG. Se trata de una empresa con sede en Santiago Centro que prestaba servicios a una cantidad no despreciable de candidatos gremialistas.