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Hace diez años, Chile vivió uno de sus mayores escándalos políticos de la historia, los casos de Penta y SQM. Los que destaparon el financiamiento ilegal de las campañas electorales que involucró a gran parte de la élite política del país

El entonces subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, estuvo en el centro de esas investigaciones. Además fue testigo de cómo el poder político y empresarial bloqueó sistemáticamente las indagaciones por delitos tributarios.

Tras veinte años en la institución, Vargas publicó “Impunidad”, un libro testimonio donde relata desde dentro la estrategia que impidió que estos casos llegaran a puerto.

La intervención desde el Ministerio del Interior

El exsubdirector describió que el proceso comenzó con presiones sutiles y escaló hasta la intervención directa de las instituciones.

Además, relató que “hace diez años, el Servicio de Impuestos Internos fue intervenido y descabezado por el sistema político chileno para intentar frenar las investigaciones por delitos tributarios que afectaban a casi todos los sectores políticos del país”.

Relató que las presiones provenían desde el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Burgos, y desde el Ministerio de Hacienda. Los que cuestionaban por qué se presentaban querellas y advertencias directas.

“Imagínese que desde el Ministerio del Interior te presionen para dejar impunes delitos en los que el propio Ministro del Interior podría estar involucrado”, señaló Vargas.

El exfuncionario del SII relató que incluso recibió amenazas personales. Detalló que en un café un conocido le advirtió que “pisaste callos muy fuertes, tienen un dossier tuyo”.

Señaló que las intimidaciones no detuvieron el trabajo de la subdirección jurídica, que alcanzó a presentar querellas en el caso SQM y otros antes de que la estrategia de impunidad se consolidara.

Explicó que la intervención también alcanzó a la Fiscalía, donde se removió a fiscales como Gajardo y Norambuena. Los que fueron reemplazados por figuras más “funcionales” al objetivo de detener la investigación.

Una importante confesión

Finalmente, Vargas comentó que un alto funcionario de La Moneda le confesó la razón política detrás: Prácticamente el 80% del parlamento ha sido elegido con financiamiento de esta misma naturaleza. El país probablemente no aguanta eso”.

Ante esta confesión, Vargas propuso una solución transparente: “Hagan una ley de amnistía frente a los ciudadanos, rindan cuenta frente al país”.

La respuesta fue negativa, pero la amnistía se construyó de todas formas, “de hecho, no frente a los ciudadanos, no de cara a la ciudadanía”, sino mediante una estrategia solapada que incluyó el descabezamiento institucional y el nombramiento de autoridades como Fernando Barraza en la Fiscalía y nuevas autoridades en Impuestos Internos tras la salida de Michel Jorratt y del propio Vargas.