La Subsecretaría de Derechos Humanos salió al paso, por medio de un comunicado, de la información respecto de actuaciones judiciales del Programa de Derechos Humanos, instancia que el organismo aseveró que revisa caso a caso. En el texto, el organismo declaró que “en cumplimiento del mandato establecido en la Ley N° 20.885, tiene a su cargo la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas”. La entidad añadió que “reafirma que las políticas públicas en esta materia constituyen políticas de Estado y de continuidad”.
El comunicado señala además que “se reafirma la vigencia y continuidad de los planes impulsados por esta Subsecretaría, entre ellos, el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, establecido mediante Decreto Supremo N° 98 de 2023”. Durante esta administración, se realizaron diversas diligencias en terreno y reuniones con todos los actores involucrados, según detalló la propia Subsecretaría.
La Subsecretaría precisó que “el Programa de Derechos Humanos continúa desarrollando su labor a lo largo del país mediante acciones de búsqueda, acompañamiento psicosocial a familiares, gestión de archivos y documentación, preservación de sitios de memoria y coordinación intersectorial e interinstitucional, así como la asistencia jurídica y el seguimiento de causas judiciales activas”.
En el ámbito jurídico, la Subsecretaría recordó que “las actuaciones del Programa se rigen por protocolos vigentes desde el año 2017 que establecen criterios para la intervención en causas judiciales”. Agregó que “toda decisión de hacerse parte en recursos, alegar o ejercer acciones judiciales se adopta sobre la base de un análisis caso a caso, considerando las sentencias, los antecedentes técnicos disponibles, los informes de organismos especializados”.
Subsecretaría de DDHH defiende revisión caso a caso
La Subsecretaría fue enfática al señalar que “no existiendo así una orden por parte del Ministerio ni la Subsecretaría respecto a detener o dejar sin efecto la tramitación de las causas”. Esta declaración surge tras las dudas surgidas tras acusaciones sobre un cambio de criterio en la intervención judicial del programa.
Respecto a las causas específicas aludidas, el comunicado indicó que “las decisiones adoptadas se han fundado en una exhaustiva revisión de cada uno de los casos, con estricto apego a la ley y a los protocolos vigentes, considerando los antecedentes técnicos disponibles —incluidos aquellos relativos a la enajenación mental irreversible acreditada—, resguardando en todo momento el respeto a la dignidad humana”. Así, el organismo vinculó esta actuación con su mandato institucional.
La Subsecretaría concluyó su comunicado reiteró que “no ha existido un cambio de criterio respecto a la necesidad de evaluar el caso a caso, sino la aplicación rigurosa de la ley y los procedimientos establecidos, dando continuidad al criterio sostenido por el Programa con anterioridad”. Con esto, el organismo buscó cerrar la controversia.
Correo interno de la directora del programa revela instrucciones de no apelar
Pese a la versión de la Subsecretaría, un correo electrónico interno del Ministerio de Justicia, al que accedió BioBioChile, instaló un nuevo eje en la controversia. En la comunicación, enviada por la propia directora del programa, Constanza Garrido, se reconoce que ha recibido órdenes en línea contraria a lo declarado por la Subsecretaría.
Garrido escribió en el correo: “Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”. La existencia de este mensaje contradice la afirmación oficial de que no existe orden alguna para detener o dejar sin efecto la tramitación de causas.
Dentro de los criterios mencionados por la directora, se establece que se le informe respecto de posibles alegatos adjuntando minutas. Señaló que en aquellos casos en que la instrucción sea no apelar o no alegar, y con el fin de resguardar la trazabilidad, los abogados le envíen por mail su intención de apelar. A partir de ello, indicó: “daré respuesta señalando que por decisión de la autoridad, se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”.
Garrido cerró el mensaje con la frase: “Entiendo que esta situación puede generar algunas dificultades”. El contenido del correo refuerza la percepción de que el cambio de criterio denunciado podría estar operando de facto, más allá de su formalización administrativa, particularmente en causas vinculadas a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Recordemos que la polémica surgió con la denuncia realizada por las exjefas del Programa de Derechos Humanos —Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano—, junto a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia. Acusaron que la cartera habría limitado la intervención de abogados del programa en causas relacionadas con condenados por violaciones a los derechos humanos, donde se discutan rebajas de pena o regímenes alternativos de cumplimiento.
Enviando corrección, espere un momento...
