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Perseguir el dinero no es un exceso ni una concesión al poder del Estado. Es una obligación frente a organizaciones criminales que hoy operan con recursos, tecnología y capacidad de infiltración cada vez más sofisticadas.
El crimen organizado no se sostiene por la fuerza de las armas. Se sostiene por la fuerza del dinero. Detrás de cada banda dedicada al narcotráfico, al contrabando, al lavado de activos o a cualquier actividad criminal compleja, existe una estructura financiera que permite comprar voluntades, adquirir bienes, ocultar ganancias y expandir sus operaciones.
Por eso, si queremos combatir seriamente a las organizaciones criminales, debemos dejar de mirar únicamente a quienes ejecutan los delitos y comenzar a perseguir con la misma intensidad el dinero que los financia.
El Estado llega tarde. Mientras las policías y los tribunales avanzan sobre quienes cometen delitos, las ganancias obtenidas ilegalmente siguen circulando, se transforman en propiedades, empresas o inversiones y terminan infiltrando la economía formal. Esa es precisamente la fortaleza del crimen organizado: convertir recursos ilícitos en poder económico y, posteriormente, en influencia social.
El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica apunta justamente a ese objetivo. No busca perseguir a ciudadanos honestos ni aumentar la burocracia estatal. Lo que propone es algo mucho más simple y necesario: coordinar a los organismos que ya poseen información relevante para detectar operaciones sospechosas y levantar alertas tempranas frente a actividades vinculadas al crimen organizado.
Resulta difícil entender cómo alguien puede oponerse a que el Estado tenga herramientas para seguir la ruta del dinero proveniente del narcotráfico, del contrabando o del lavado de activos. Quienes defienden la transparencia y la legalidad, no deberían temer que las instituciones colaboren entre sí para identificar movimientos financieros asociados a actividades criminales. Por el contrario, lo preocupante sería mantener los vacíos y las barreras que hoy permiten a los delincuentes aprovecharse de un sistema fragmentado.
La experiencia internacional demuestra que los golpes más efectivos contra las organizaciones criminales no siempre provienen de grandes operativos policiales, sino cuando se logra desbaratar la ruta del dinero de las organizaciones delincuenciales.
Toda herramienta estatal debe estar acompañada de controles, límites legales y resguardo de los derechos de las personas. La lucha contra el crimen organizado no puede transformarse en una excusa para vulnerar garantías fundamentales.
Tampoco podemos caer en el extremo contrario: permitir que el temor al debate sobre las facultades del Estado termine favoreciendo a quienes viven precisamente de ocultar dinero obtenido mediante actividades ilícitas.
Chile enfrenta una amenaza que hace algunos años parecía distante. Hoy el crimen organizado está presente en distintos territorios, infiltra mercados, utiliza empresas de fachada y aprovecha los espacios donde el Estado no logra coordinarse adecuadamente. Frente a esa realidad, la respuesta no puede ser la resignación ni la ingenuidad.
Si queremos recuperar la tranquilidad de nuestros barrios y proteger la economía formal, debemos entender una verdad elemental: al crimen organizado se le combate donde más le duele, en su patrimonio. Porque las organizaciones criminales pueden reemplazar a quienes ejecutan los delitos, pero les resulta mucho más difícil reemplazar el dinero cuando el Estado logra encontrarlo, inmovilizarlo y quitarles aquello que constituye la verdadera razón de su existencia, en especial cuando se logra desarmar los mecanismos que utilizan para legalizar ese dinero.
Perseguir el dinero es una necesidad. Si vemos las noticias de las ultimas semanas, una organización delictual tenía un palo blanco asociado a un banco, era quien mantenía tráfico y blanqueo de dinero por 76 mil millones de pesos, algo más de la mitad del presupuesto anual del Gobierno Regional del Biobío. ¿Cuántos otros casos así existen y el Estado no ha podido pesquisar por falta de herramientas modernas?
Perseguir el dinero no es un exceso ni una concesión al poder del Estado. Es una obligación frente a organizaciones criminales que hoy operan con recursos, tecnología y capacidad de infiltración cada vez más sofisticadas. Pretender combatirlas con herramientas lentas, fragmentadas o propias del siglo pasado es simplemente regalarles ventaja. El Estado necesita instrumentos modernos, ágiles y eficaces para seguir la ruta del dinero, identificar redes de financiamiento y actuar antes de que las ganancias ilícitas se transformen en más armas, más corrupción y más violencia.
Si queremos derrotar al crimen organizado, debemos golpearlo donde más le duele: en sus finanzas, en su patrimonio y en su capacidad de enriquecerse a costa de la seguridad de los chilenos. Votar contra el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica es votar a favor de la delincuencia y en contra de Chile.
