El plan de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) comenzó a reflejar sus primeros efectos en la recaudación fiscal, con un alza de los pagos diarios desde $30 millones a cerca de $200 millones, en medio de la polémica que desataron los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras advertir la existencia de un “fraude social”.
El debate en torno a la recuperación de estos recursos venía instalándose desde hace semanas, pero fue este lunes cuando comenzaron a observarse resultados concretos. Según detalló el propio Quiroz, el incremento en los pagos se produjo inmediatamente después del anuncio del plan, evidenciando una rápida respuesta de parte de los deudores.
Desde un seminario organizado por la Sofofa junto a la Universidad del Desarrollo, el secretario de Estado explicó que el alza —que supera seis veces los niveles previos— responde a la identificación de personas con capacidad de pago que no estaban cumpliendo con sus obligaciones.
Sin embargo, sus declaraciones también marcaron un punto de inflexión en el debate político. El ministro instaló el concepto de “fraude social”, vinculándolo al uso de beneficios estatales por parte de quienes sí podrían responder a sus deudas.
“Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social”, afirmó Quiroz.
En esa línea, defendió el actual sistema de financiamiento y cuestionó la necesidad de avanzar hacia un nuevo mecanismo como el FES.
“La política social es tener CAE y el CAE después hay que pagarlo y desterramos un mito; el mito era que había que aprobar el FES”, fustigó.
Las declaraciones del titular de Hacienda generaron reacciones inmediatas en el mundo político. Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, emplazó al Ejecutivo a abordar el problema estructural del endeudamiento estudiantil.
“Yo llamaría a la ministra de Educación y al ministro Quiroz, que se hagan cargo del problema de fondo”, sostuvo.
“Ya llevamos tres gobiernos discutiendo y hoy día no nos proponen nada, simplemente pirotecnia comunicacional diciendo que aumentan la cobranza”, agregó.
En tanto, el diputado del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Boris Barrera, cuestionó el tono de los dichos del ministro tras acusar un “fraude social”, advirtiendo que no todos los deudores del CAE están en condiciones de cumplir con sus pagos.
“Es una descalificación gratuita lo que hace el ministro, pero hacer un juicio tan categórico respecto de un proyecto de ley que es fruto de una demanda social, yo creo que es inapropiado”, afirmó.
“No se condice con la investidura del ministro de Hacienda”, añadió.
En este escenario, el Ejecutivo continuará con la implementación del plan de cobro a través de la Tesorería General de la República, focalizando la estrategia en deudores de mayores ingresos, mientras se prevé que en las próximas semanas se intensifique la recuperación de estos recursos.
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