Desde el Colegio de Profesoras y Profesores cuestionaron los proyectos de seguridad en establecimientos firmados este martes por el presidente José Antonio Kast, que modificaría el Código Penal e incluiría revisión de mochilas.
Tal como se mencionó anteriormente, la primera iniciativa propone cambiar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales.
La segunda, en tanto, denominada “Escuelas protegidas”, tiene un enfoque preventivo mediante la revisión de mochilas y bolsos, el prohibir el ocultamiento facial de los estudiantes, y la inhabilidad de ciertos condenados para postular a la gratuidad universitaria, entre otras medidas.
La crítica del Colegio de Profesoras y Profesores
Al respecto, el presidete del gremio de educación, Mario Aguilar, señaló que “en una primera lectura no conocemos todavía el proyecto en detalle, nos parece que queda absolutamente pobre en relación a la gravedad y a la profundidad del problema que se pretende abordar”.
Agregó: “Lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas. Acá no hay una sola mención por parte del Presidente, a lo que a nuestro entender es uno de los principales focos de problema que se debe enfrentar, la salud mental”.
Aguilar también recordó: “Hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, también con el gobierno anterior, que hay que abordar el problema de salud mental que tiene nuestra sociedad, la que se traduce en serios problemas que se evidencian en los colegios y el caso de Calama lo demuestra dramáticamente. El horror que se vivió tiene la base en un problema serio de salud mental. Es decir, hay una causa”.
“Hoy día tenemos una educación que no es atractiva para los estudiantes (…) pero que se despreocupa absolutamente de las personas. Ese también debe ser otro tema que debe ser abordado y el presidente Kast no hace absolutamente ninguna mención al respecto. Por eso decimos que estas medidas se quedan pobres, sin perjuicio que hay algunas que puedan ser necesarias, pero también tiene otras muy tramposas”, añadió.
En ese aspecto, el representante del Colegio de Profesores sostuvo que “cuando se quiere mezclar cualquier manifestación que pudiera producir una interrupción de clase. Es decir, según ese proyecto de ley, sería lo mismo un acto de violencia, el lanzamiento bombas molotov, etc., a una protesta pacífica que hagan los estudiantes de un colegio porque tienen baños insalubres, como ha ocurrido tantas veces. No estoy dando un ejemplo solo teórico”.
Por último, Aguilar concluyó: “Nos parece que es un grave error sancionar de por vida a una persona, por ejemplo, un joven que a los 14 años hubiese cometido una falta o incluso un delito, va a quedar sancionado de por vida respecto al derecho a la gratuidad, lo que nos parece incluso que podría ser inconstitucional. Por eso decimos que estas medidas se quedan pobres y cortas frente a la profundidad que tiene el tema de la violencia en los colegios”.