Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La diputada Ana María Gazmuri denunció que el Gobierno retiró un trámite que modificaba la Ley Karin, referente a investigaciones por acoso laboral. El oficio retiraba un decreto de 2026 sobre procedimientos de investigación de acoso sexual y laboral. Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defiende y explica la decisión.
La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) denunció, mostrando el oficio correspondiente, que el Gobierno retiró el trámite ingresado por la administración anterior que modificaba la Ley Karin, en relación a los procedimientos de investigación en caso de recurrir a esta ley.
El oficio citado por la diputada y firmado por la Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo dice: “Por medio del presente oficio, vengo a retirar del trámite de toma de razón el Decreto N°10, de 05 de marzo de 2026, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el decreto N°21 de 2024, que aprueba reglamento que establece las Directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de Acoso Sexual, Laboral o de Violencia en el Trabajo”.
Antes esto, Ana María Gazmuri reaccionó considerándolo un “gravísimo retroceso. El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”.
🚨 GRAVÍSIMO RETROCESO 🚨 El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable. ⚠️ pic.twitter.com/yo5XOpOiWZ
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 3, 2026
Defienden la decisión
En tanto, consultado por La Tercera, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, afirmó que “aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”.
Complemento que “este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”.
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