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Estados Unidos decidió aplicar a Chile un arancel de 12,5% para una parte relevante de sus exportaciones. La medida afecta, entre otros sectores, al salmón, el vino, las frutas, las carnes, los lácteos, los mejillones, la madera y diversos productos elaborados. El cobre, el litio y otros bienes considerados estratégicos quedaron exceptuados. No estamos, por tanto, ante una catástrofe macroeconómica inmediata. Pero sí ante un acontecimiento políticamente significativo.
La decisión es un revés para Chile, pero es sobre todo una decepción para el Gobierno. Y no una decepción cualquiera. Es una decepción anunciada. Y por tanto bien vale una crónica (y el análisis que supone).
La dificultad no reside únicamente en el porcentaje del arancel ni en los millones de dólares que deberán pagar los exportadores. El problema central es que la medida desmiente una expectativa construida cuidadosamente: la idea de que la cercanía política e ideológica del gobierno chileno con Donald Trump permitiría obtener un trato favorable de Estados Unidos.
El resultado fue el contrario. Chile quedó situado en el grupo sometido al arancel más alto dentro de la escala establecida por Washington. La afinidad no produjo inmunidad. Las fotografías, las declaraciones de amistad y la identificación política no se tradujeron en una ventaja económica.
El aliado como principal dificultad
Hace algunos meses sostuve que la principal dificultad del gobierno de José Antonio Kast podía ser Donald Trump. La afirmación parecía paradójica. Kast llegaba al poder identificando a Estados Unidos como su principal aliado político internacional. Pero precisamente allí estaba el problema.
En el mundo de Trump, los aliados no son necesariamente protegidos. Son, con frecuencia, los primeros a quienes se les presentan exigencias. Un adversario puede ser combatido; un aliado subordinado debe demostrar constantemente su lealtad, aceptar condiciones y pagar los costos de una relación asimétrica.
Trump no concibe las alianzas como espacios de cooperación estable entre países que reconocen intereses comunes. Las entiende como relaciones en las que la potencia dominante determina cuánto debe aportar cada socio, qué debe modificar y qué precio tiene el acceso al mercado estadounidense.
Por eso señalé entonces que el Gobierno chileno podía no encontrar su principal problema en sus adversarios, sino en sus amigos demandantes.
La decisión arancelaria confirma esa tesis. Estados Unidos no preguntó si Chile era políticamente próximo, si su Gobierno simpatizaba con Trump o si compartía su visión sobre la seguridad, la migración o el orden internacional. Evaluó si Chile había adoptado una regulación específica exigida por Washington y, al concluir que no lo había hecho satisfactoriamente, aplicó el castigo correspondiente.
No hubo trato preferente. Hubo procedimiento, presión y sanción.
La crónica de los hechos es lapidaria
La secuencia de hechos comenzó políticamente antes de que Kast asumiera la Presidencia. El 7 de marzo de 2026, cuatro días antes del cambio de mando, el presidente electo viajó a Miami para participar en la cumbre Escudo de las Américas y sostuvo allí su primer encuentro presencial con Donald Trump.
Kast celebró públicamente la política exterior estadounidense, respaldó la intervención en Venezuela y presentó la proximidad con Washington como una señal del nuevo posicionamiento internacional de Chile. Trump, por su parte, recordó su supuesto apoyo electoral a Kast y lo exhibió como uno de los dirigentes favorecidos por su influencia (la clásica tesis trumpista de que él hizo ganar a un candidato que apenas conoce). La imagen que quedó instalada fue la de una relación privilegiada entre dos gobiernos políticamente afines.
Ese mismo mes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició investigaciones contra sesenta economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El procedimiento no buscaba determinar si los productos exportados por Chile habían sido fabricados mediante trabajo forzoso, sino establecer si el Estado chileno contaba con una prohibición suficientemente explícita y eficaz para impedir la importación, desde cualquier país, de bienes producidos bajo esas condiciones. Washington sostuvo que la ausencia de tales mecanismos permitía ventajas artificiales de costos que perjudicaban a trabajadores y empresas estadounidenses. Chile fue incluido desde el comienzo entre las economías investigadas y Estados Unidos abrió un proceso de consultas, recepción de antecedentes y audiencias públicas.
El 2 de junio, la autoridad estadounidense concluyó preliminarmente que las normas y prácticas de las sesenta economías eran insuficientes y propuso dos niveles de sobretasa: un 10% para los países que ya hubieran establecido una prohibición, asumieran compromisos verificables para hacerlo o dispusieran de un régimen parcial efectivo, y un 12,5% para los restantes.
Al día siguiente, el Gobierno chileno señaló que la decisión todavía estaba sometida a consulta y afirmó que había participado activamente en el proceso mediante un trabajo coordinado entre Cancillería, Hacienda, Trabajo y los principales sectores exportadores. Durante las semanas siguientes, Frutas de Chile, Vinos de Chile, SalmonChile, Corma, Chilealimentos, Sofofa y representantes diplomáticos prepararon presentaciones en Washington para defender la posición del país y solicitar exclusiones para productos considerados estratégicos. Las audiencias definitivas se realizaron entre el 7 y el 9 de julio, con más de cien testigos y más de 1.600 observaciones escritas.
El 23 de julio, después de esas consultas, antecedentes y gestiones, Trump instruyó la aplicación de la sobretasa y Chile quedó en el grupo sujeto al 12,5%, es decir, en el nivel más alto de la escala. No hubo trato preferente.
El cobre y otros productos estratégicos para el abastecimiento estadounidense fueron exceptuados (se definió exceptuar a los productos que Estados Unidos necesita), pero la medida alcanzó al salmón, las frutas, el vino y diversos productos forestales, entre otros bienes relevantes para las economías regionales. El Gobierno chileno rechazó la resolución, recordó la solidez de su legislación laboral y anunció que continuaría negociando nuevas exclusiones.
Sin embargo, la propia declaración oficial reconoció que la controversia no se refería a la existencia de trabajo forzoso en las exportaciones chilenas, sino a una diferencia sobre la eficacia de los mecanismos regulatorios nacionales.
Esta observación guarda un problema que no tocaremos aquí, pero que parece ser evidente: aparentemente Chile no comprendió cuál era el cargo que se señalaba. Todavía hoy, ya sea por desconocimiento o como operación, hay actores y medios que destacan que hubo personas que han denunciado prácticas laborales que podrían estar en el corazón de la sanción, pero ello no es compatible con lo que ha aclarado Estados Unidos: se trata de la regulación de Chile respecto a terceros países.
Este punto es clave porque puede traer consecuencias futuras: ¿quiere Estados Unidos que Chile cuestione intercambios comerciales con países de Asia Pacífico mediante este expediente?
Pero volvamos a los que nos toca. En menos de cinco meses, la relación presentada como un activo político culminaba así en un arancel que la afinidad ideológica, el tratado comercial, las gestiones diplomáticas y la defensa empresarial no habían conseguido evitar.
El regreso de los aranceles como arma política
El episodio tampoco puede comprenderse como una simple controversia comercial. La política arancelaria de Trump forma parte de una transformación más profunda del capitalismo global.
Durante décadas se afirmó que los tratados de libre comercio, los organismos multilaterales y las reglas internacionales reducirían la arbitrariedad de los Estados. El comercio quedaría protegido de la política. Los acuerdos crearían estabilidad y los mercados operarían dentro de reglas previsibles.
Ese mundo está desapareciendo.
Los tratados comerciales han dejado de ser compromisos inalterables y se han convertido en fichas dentro de negociaciones permanentes. Los aranceles, que habían sido presentados como reliquias de una economía proteccionista, han regresado como instrumentos legítimos de presión política.
Trump amenaza, anuncia una cifra, impone una medida y luego ofrece descuentos, excepciones o postergaciones a quienes realizan las modificaciones exigidas. El arancel no es solamente un impuesto. Es el comienzo de una negociación desigual. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Chile.
La decisión estadounidense se funda en la evaluación de los mecanismos utilizados por los países para impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzoso. Algunos Estados adoptaron nuevas prohibiciones o asumieron compromisos regulatorios y consiguieron una tasa menor. Chile no logró convencer a Washington y quedó sometido al 12,5%.
El detalle es importante porque revela una posible falla técnica de la estrategia chilena. La defensa nacional parece haberse concentrado en demostrar que Chile cuenta con legislación laboral sólida y que sus principales industrias exportadoras no utilizan trabajo forzoso. Pero la objeción estadounidense no se refería prioritariamente a las condiciones laborales dentro de Chile. Se refería a la capacidad del país para impedir la importación, desde terceros mercados, de bienes producidos bajo esas condiciones.
Chile respondió una pregunta distinta de la que Estados Unidos estaba formulando.
Si ese diagnóstico es correcto, el problema del Gobierno no se limita a haber sido maltratado por una potencia. También incluye la posibilidad de no haber comprendido oportunamente el expediente, no haber actuado con suficiente anticipación o no haber utilizado las alternativas que otros países sí aprovecharon.
El fin del mejor alumno de la clase
Durante décadas, Chile organizó su política exterior bajo una premisa: un país pequeño podía protegerse mediante el cumplimiento riguroso de las reglas internacionales. La estabilidad normativa, la apertura comercial y la multiplicación de tratados permitirían compensar la falta de poder.
Chile sería el mejor alumno de la clase.
Pero esa estrategia solo funciona mientras exista una clase, un profesor y un reglamento relativamente estable. El problema actual es que las grandes potencias ya no se consideran obligadas por las mismas reglas que exigen a los demás.
Estados Unidos puede firmar un tratado de libre comercio y, al mismo tiempo, imponer nuevas barreras. Puede defender la libertad económica y utilizar aranceles para intervenir en la legislación interna de otros países. Puede considerar aliados a determinados gobiernos y tratarlos, sin embargo, como territorios sometidos a evaluación.
Chile sigue actuando como un país técnico dentro de un sistema que se ha vuelto político. La respuesta tradicional consiste en demostrar que se han cumplido los estándares, invocar los tratados y destacar la calidad general de las instituciones nacionales. Pero nada de eso basta cuando la potencia dominante redefine unilateralmente el estándar, el procedimiento y la sanción.
El exterior dejó de ser estable.
Por eso Chile necesita algo más que una buena Cancillería administrativa. Necesita estrategia. Debe anticipar las disputas que producirán las cadenas de suministro, los estándares laborales, las tecnologías, los minerales críticos, los sistemas de pago, las inversiones chinas, la seguridad de los datos y la competencia entre las grandes potencias.
La política exterior ya no consiste en ejecutar correctamente reglas conocidas. Consiste en actuar en un mundo en que las reglas están siendo reescritas por quienes tienen poder para hacerlo.
Chile entre Estados Unidos y China
La situación se vuelve más compleja por la particular posición internacional de Chile. Nuestra economía depende profundamente de China, mientras nuestra tradición política, militar y diplomática mantiene una mayor proximidad con Estados Unidos.
Durante mucho tiempo se consideró que esa combinación era virtuosa. Chile podía vender a China, cooperar con Estados Unidos y evitar definiciones demasiado explícitas. Podía ser, metafóricamente, un pequeño cervatillo que prometía paz y amistad a todos.
Esa época está terminando.
China ha aumentado su peso económico y su presencia política. Estados Unidos exige una alineación más clara en ámbitos que van desde las telecomunicaciones hasta las cadenas de producción. Cada puerto, cada inversión, cada proveedor tecnológico y cada tratado puede convertirse en materia de disputa geopolítica.
El gobierno de Kast parecía apostar por una mayor cercanía con Washington. Pero el episodio arancelario demuestra que el alineamiento político no garantiza reciprocidad económica.
Esta es la gran contradicción: Chile puede distanciarse de China para satisfacer a Estados Unidos, pero Estados Unidos no está obligado a compensar ese distanciamiento. Puede exigir fidelidad estratégica y, simultáneamente, proteger su mercado frente a productos chilenos.
La alianza puede ser políticamente costosa y económicamente poco rentable.
Un daño acotado, pero territorialmente sensible
Sería exagerado afirmar que el arancel provocará por sí solo una crisis económica nacional. Las exportaciones mineras más relevantes quedaron protegidas y una proporción importante del comercio chileno no será afectada directamente.
Pero el impacto no debe medirse únicamente por su peso sobre el PIB.
Los sectores perjudicados tienen presencia regional, emplean mano de obra intensiva y reúnen a productores de tamaños diversos. El salmón, la fruta, el vino, la carne y la madera no son abstracciones estadísticas. Son plantas procesadoras, trabajadores temporales, proveedores, transportistas, agricultores y economías locales.
En esos mercados, una sobretasa puede reducir márgenes, debilitar la competitividad, obligar a renegociar contratos, congelar inversiones o trasladar el costo hacia el productor más pequeño.
El cobre puede proteger el resultado macroeconómico y, al mismo tiempo, regiones enteras pueden experimentar dificultades concretas.
Esto complica especialmente a un Gobierno que llegó ofreciendo crecimiento, inversión, eficacia y una nueva relación entre el Estado y el mundo empresarial. Los gremios exportadores no esperaban de un gobierno de derecha una explicación ideológica. Esperaban capacidad de negociación y resultados.
Las dos salidas incómodas
El Gobierno tiene ahora dos caminos principales y probablemente deberá recorrer ambos.
El primero consiste en negociar excepciones para los productos más afectados. El Ejecutivo intentará demostrar que el salmón, las frutas, el vino o la madera chilena no representan una amenaza para los objetivos estadounidenses. Pero negociar producto por producto puede ser lento y deja a las empresas sometidas a incertidumbre.
El segundo camino consiste en modificar la regulación chilena para cumplir explícitamente con las exigencias de Washington. Eso supone fortalecer los controles aduaneros, la trazabilidad de las importaciones y la prohibición de ingreso de bienes vinculados al trabajo forzoso.
Ambas podrían ser insuficientes si este caso es solo una puerta de entrada a exigencias posteriores.
El inconveniente político es evidente. Si el Gobierno modifica rápidamente la legislación, reconocerá implícitamente que existía una brecha institucional que inicialmente no fue identificada o fue subestimada. Si no la modifica, prolongará el arancel y aumentará la presión de los sectores afectados.
También surgirán demandas de apoyo estatal: créditos, garantías, subsidios, promoción de nuevos mercados o compensaciones. El Gobierno que prometió reducir el intervencionismo puede terminar diseñando medidas públicas para amortiguar una decisión adoptada por su principal aliado.
Para el gobierno chileno este episodio marca algo que no es una crisis, sino una decepción. Chile había entrado en el “Escudo de las Américas”, está en el club de Trump y la expectativa era que ese alineamiento sería una fuente de confort. Pero las ironías en la historia se escriben fácil.
En este caso, mientras el gobierno chileno lucha con toda su musculatura para lograr un cambio tributario que permita otorgar un escenario más propicio para el empresariado y el crecimiento del país, resulta que dicho gobierno se ve afectado por un aumento de impuestos y un desincentivo empresarial procurado por su principal aliado internacional, quien no parece haber escuchado los ruegos.
Una decepción predecible
Todo este episodio se sintetiza en una frase: alineamiento de Chile sin beneficios por apoyar a Estados Unidos. Si las relaciones exteriores son de intereses, Chile tenía que postergarlos. Esto fue claro desde el principio. Si hoy hay decepción en el gobierno es por falta de análisis del escenario.
La evidencia de lo que ocurriría era muy clara. En las columnas que escribí sobre este tema con anterioridad, la controversia arancelaria fue anticipada en una secuencia muy precisa. En febrero de 2025 escribí que la constante del gobierno de Trump era conseguir que alguien le pagara un arancel: primero amenazar, luego anunciar una cifra y finalmente conceder eventuales descuentos.
En marzo de 2026 trasladé esa advertencia directamente al caso chileno, al sostener que “el presidente de Chile más alineado con Estados Unidos podría tener en su aliado principal su principal dolor de cabeza”. Allí señalé que las dificultades de Kast no provendrían necesariamente de sus enemigos, sino de sus “amigos demandantes”; que las sanciones podían adoptar formas comerciales, financieras o regulatorias; y que, si Trump utilizaba América Latina como plataforma de recursos y cadenas productivas al servicio de Estados Unidos, la afinidad ideológica sería desplazada por la presión económica. La conclusión era explícita: “ponerse el gorrito de Trump no da garantías”. El arancel aplicado a Chile no contradice ese diagnóstico: lo confirma casi literalmente.
En un sentido más general, en la columna Tres hipótesis sobre Trump sostuve que Trump constituye una nueva y peor forma de socio político: concede intensidad y visibilidad a sus aliados, pero les impide convertir esa cercanía en autonomía, acumulación y estabilidad.
El aliado deja de ser alguien que participa en un proyecto compartido y pasa a funcionar como un vector dentro de un dispositivo cuyo único interés permanente es el de Trump. El líder norteamericano ofrece comunicación y presencia, la vieja foto del alcalde en la oficina del presidente para que lo publique en el diario del pueblo; y el canje es por dinero directo al estado de Estados Unidos o a las empresas residentes en dicho país.
La verdad es clara: no existe lealtad estructural ni reciprocidad asegurada. Los aliados son útiles mientras amplifican su lógica y prescindibles cuando sus necesidades nacionales se apartan de ella. La fórmula final de aquella columna fue que Trump hace de sus aliados seres capaces de sobrevivir, pero incapaces de desarrollarse. Eso es precisamente lo que comienza a experimentar Kast: la cercanía con Washington puede fortalecerlo simbólicamente, pero no lo protege de decisiones que reducen su autonomía, perjudican sectores productivos chilenos y lo obligan a administrar internamente los costos de la emergencia estadounidense.
No sería completamente justo atribuir el arancel a una decisión personal contra Kast. La medida forma parte de una estrategia estadounidense más amplia y afecta a decenas de países. Pero la política no se evalúa solo por las intenciones del actor externo. También se evalúa por las expectativas creadas por el Gobierno interno.
Kast presentó su cercanía con Trump como un activo. Por tanto, debe responder por el rendimiento de ese activo. En plena era trumpista, Kast formó un “Partido Republicano” siguiendo el concepto de Trump, no usando el concepto de “republicano” que siempre operó en Chile, alineados con escuelas de filosofía política que marcaron tradiciones cívicas basadas en el bien común, el respeto a la ley y la limitación del poder personal.
El giro trumpista de la derecha chilena encabezada por Kast es históricamente inédito. No constituye una evolución natural de las principales tradiciones conservadoras nacionales, sino una ruptura con casi todas ellas. La derecha chilena pudo ser autoritaria, oligárquica, tecnocrática, nacionalista, militar, gremialista o liberal; pero incluso en sus versiones menos democráticas concebía la política como la construcción de un orden chileno. El trumpismo introduce algo diferente: la subordinación simbólica a un liderazgo extranjero, la sustitución de la doctrina por la adhesión personal y la aceptación de una alianza en la cual el interés nacional del socio menor carece de reciprocidad garantizada.
El trumpismo no es compatible con Portales, porque el orden portaliano, por autoritario que fuera, situaba la autoridad del Estado por encima de las facciones y de las lealtades personales; Trump, en cambio, exige que las instituciones y los aliados se subordinen a su persona. Tampoco es compatible con Jorge Alessandri, cuya derecha se legitimaba mediante la sobriedad, la racionalización administrativa y la competencia técnica de su llamado “gabinete de gerentes”; el trumpismo reemplaza la administración por el espectáculo, la previsibilidad por la amenaza y la técnica por una negociación permanentemente improvisada. No prolonga a Ibáñez del Campo, pese a ciertas semejanzas caudillistas, porque el ibañismo fue nacionalista, estatista y desarrollista: utilizó el poder fuerte para expandir la capacidad del Estado chileno, no para convertir al país en vector de los intereses de una potencia extranjera.
Ni siquiera representa una continuidad simple de Pinochet y Guzmán. La dictadura fue brutal y personalista, pero buscó institucionalizar un orden duradero mediante la Constitución de 1980, una democracia protegida y un modelo económico fundado en la apertura de mercados. Guzmán pensaba obsesivamente en la perdurabilidad jurídica del proyecto y en una síntesis conservadora entre autoridad y libertad. Trump, por el contrario, erosiona las instituciones cuando limitan su voluntad, convierte las reglas en instrumentos contingentes y utiliza el proteccionismo contra adversarios y aliados.
Finalmente, tampoco es compatible con Piñera, representante de una centroderecha democrática, gerencial, integrada al capitalismo global, partidaria de la economía social de mercado, el derecho internacional y el multilateralismo. Kast no está radicalizando simplemente una tradición chilena: está importando una identidad política estadounidense que altera el significado histórico de la derecha nacional. Por primera vez, una derecha chilena organiza parte sustantiva de su identidad no alrededor de una idea propia de orden, Estado, desarrollo o mercado, sino alrededor de la proximidad con un líder extranjero que no reconoce aliados estables, sino instrumentos circunstanciales.
Al seguir a Trump, Kast no sigue la huella de ninguna de las derechas chilenas y, sin duda, no sigue a Guzmán. ¿Por qué lo sigue? No sabemos. Pero en general quienes lo siguen es porque sienten un deseo de espectáculo y sus rendimientos, porque sienten que un alineamiento personal puede granjear importantes oportunidades, desatendiendo las rutas propias de la institucionalidad.
Pero está claro: el giro trumpista sirvió para ganar elecciones, no para gobernar. No es raro, le pasa al propio Trump.
Si la afinidad ideológica no produce mejores condiciones comerciales, si el tratado de libre comercio no garantiza estabilidad y si Chile recibe la tasa más alta, el Gobierno debe explicar qué obtuvo a cambio de su alineamiento.
La decepción no consiste en descubrir que Trump es proteccionista. Eso era conocido y Kast no se puede declarar sorprendido. La decepción tampoco consiste en comprobar que Estados Unidos defiende sus propios intereses, ya que todas las potencias lo hacen. La decepción consiste en haber supuesto que la cercanía política podía neutralizar la asimetría de poder. Creer que la membresía a un club política reemplaza la diplomacia fue un error de gran tamaño.
Trump no ha traicionado su doctrina. Ha actuado exactamente como había anunciado: utilizando los aranceles para recaudar, presionar y renegociar las relaciones económicas en beneficio de Estados Unidos.
Quien enfrenta una contradicción no es Trump. Es Kast.
El presidente chileno más alineado con Washington descubre que su principal aliado puede convertirse en su principal dificultad. El Gobierno que prometía una política internacional basada en afinidades debe aprender que, entre Estados, las afinidades no reemplazan los intereses. Y el país que confió durante décadas en la estabilidad de los tratados debe asumir que ha comenzado una época en la que el poder vuelve a estar por encima de las reglas. No estamos ante una sorpresa. Estamos ante la crónica de una decepción anunciada.
