Recorten por otro lado

Cada cierto tiempo se oye en la discusión pública una repetida cantinela: que los municipios son un hoyo negro de sueldos (que más del 60% de sus ingresos se iría a remuneraciones de apitutados), que están corrompidas -un 92% de los chilenos piensan que hay “algo o bastante” corrupción en ellas- , que gastan en frivolidades como festivales o shows, por lo que reducir sus ingresos sería sentido común fiscal.

Odiosa caricatura. Sin embargo la realidad es otra: el 48,6% del presupuesto municipal corresponde a pagos de remuneraciones que se desglosa en 44% educación municipal, 27% salud, y solo un 29% a gestión municipal (SINIM, 2024). La última fiscalización de Contraloría (2026) objetó apenas 1,3% del gasto municipal del país, lo que demuestra que la masiva corrupción no es tal.

Un estudio de 2025 del Centro de Políticas Públicas UC muestra que las irregularidades dependen menos del color político del alcalde como de la falta de recursos: los municipios fallan cuando el Estado los deja solos. En cuanto a gastos frívolos las “fiestas” son aproximadamente 0,11% del gasto municipal. Una milésima. (Informe de Gestión Financiera del Estado 2024 y CIC 2022).

El problema no es solo estadístico: este relato invisibiliza lo que el municipio hace todos los días, llegar donde el resto del Estado casi no llega. Llevo años asesorando municipalidades y contra lo que creen los que desprecian al Estado, no son en caso alguno una manga de inoperantes: gestionan, con presupuestos escasos, problemas que ningún ministerio atiende con la urgencia del día a día.

Por ejemplo, en Camiña, precordillera de Tarapacá (1.300 habitantes, 100% rural, 75% indígena), el municipio dio este año habitabilidad a adultos mayores de Yala Yala y Saupagua: dormitorios nuevos para quienes envejecerían sin condiciones dignas.

En Paihuano, Valle de Elqui, 100% rural, el municipio dio empleo a 120 mujeres este año y ayudó a doce personas con discapacidad a generar ingresos propios. Antes de las lluvias de julio, sus equipos ya limpiaban quebradas de forma preventiva: conocen su territorio.

En Santa Bárbara, precordillera del Biobío, el municipio sostiene una Farmacia Social y una Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, y organiza operativos de salud -como el podológico que en abril benefició a más de setenta adultos mayores- que jamás llegarían ahí si dependieran de una licitación centralizada.

Y en Ñiquén, Ñuble -comuna que en 2023 quedó completamente anegada-, el municipio administra “Mi Casa Calentita”, que permite a familias vulnerables comprar gas licuado a bajo precio antes del invierno: la diferencia entre pasar julio con calefacción o sin ella, resuelta por quien conoce quién la necesita. Ejemplos como estos hay por cientos.

Con los temporales, los municipios aplicaron la Ficha Básica de Emergencia puerta a puerta, habilitaron los albergues y lideraron los COGRID de la Ley 21.364. Ese es el municipalismo real, no la caricatura. Los municipios resuelven, en terreno, los problemas de los sectores populares y rurales que rara vez se ven desde el sector oriente de Santiago o las climatizadas oficinas de un ministerio.

Hoy los ingresos de estas instituciones están bajo presión. Si bien el presidente Kast aseguró en junio que no tocaría el Fondo Común Municipal, hoy la exención de contribuciones a mayores de 65, aún en trámite, reduciría el Impuesto Territorial que alimenta el FCM. El Gobierno amenaza que no lo compensará y el Congreso se toma su tiempo para resolver esto. Según la ACHM, el Presupuesto 2026 ya redujo $125.000 millones en líneas de SUBDERE que financian seguridad, educación e infraestructura local.

El Fondo tiene rango constitucional (artículo 122 CPR) como mecanismo de redistribución solidaria, y es el ingreso mayoritario para cerca del 65% de las 345 municipalidades del país, las más pobres, las más rurales. Debilitarlo no golpea a un alcalde: afecta a la señora que concurre al SAPU, al adulto mayor que espera su cupo de habitabilidad, a la familia que toma agua de un camión aljibe.

Sin dudarlo es un deber exigir cuentas claras a cada municipio. Pero la eficiencia del gasto público no puede ser la excusa para desfinanciar a las instituciones del Estado que son la primera línea de las necesidades de las personas, en especial las más necesitadas. Recorten por otro lado. No ahí.