Gobierno inicia auditoría al Estado: instruyó a servicios informar en 17 días uso de recursos fiscales

Este viernes, el Gobierno inició la anunciada auditoría al Estado, acordando que los servicios públicos remitan en un plazo de 17 días información sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.

La orden fue pactada en la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuyo objetivo es conducir y agilizar el proceso de inspección interna para generar un informe claro de la situación actual del Estado.

La instancia es presidida por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, e integrada por los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros.

Gobierno instruye a servicios informar en 17 días uso de recursos fiscales

Castillo indicó que el presidente José Antonio Kast les solicitó conocer el estado real de la nación. “Estamos trabajando con rapidez y con transparencia de cara a la ciudadanía”, aseguró.

Enfatizando que el buen uso de los recursos públicos es una prioridad de este Gobierno. Para ello, agregó, es que han tomado las primeras acciones e instrucciones.

“Toda la información que estamos solicitando a los servicios públicos será procesada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Ese consejo deberá presentarnos los primeros hallazgos el 10 de abril“, precisió la subsecretaria.

La instancia señaló que el proceso contempla una entrega progresiva de información histórica:

-Entre el 6 y el 16 de abril se deberá remitir la información correspondiente a 2024.
-Entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023.
-Y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.

Asimismo, se priorizarán cinco áreas clave de análisis de información: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria.

Esto con la intención de revisar cómo se utilizan los recursos públicos, y fortalecer los estándares de transparencia y control del Estado.