La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, analizó algunos de los momentos que, a su juicio, fueron los más complejos de enfrentar durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado dijo haber considerado renunciar a su cargo luego de destaparse el caso Monsalve, sin embargo, aseguró no haberlo hecho por tener “un compromiso que va más allá de mí misma y lo enojada que puedo haber estado“.
“En ese momento, además, teníamos un compromiso pendiente que para mí era muy relevante, que era la publicación del reglamento de objeción de conciencia“, añadió.
Ministra Orellana por caso Monsalve
Para dicha tarea, detalló que trabajaron durante 2 años con organizaciones y abogadas expertas en el área, “paso necesario para poder implementar correctamente las tres causales”.
“Por lo tanto, centrarse en la tarea a veces es una buena forma de esquivar turbulencias”, reflexionó la autoridad de Gobierno.
Asimismo, respecto al mismo caso Monsalve, Orellana mencionó que distinguiría dos cuestiones: “Una fue el manejo de los primeros días de los cuales yo no formé parte (…) me habría gustado saber antes para poder aportar en el manejo del caso de acuerdo a las directrices que tenemos en el Ministerio de la Mujer”.
“Pero creo que hay otras cuestiones que contribuyeron a que eso se acentuara, y en eso yo también tengo mi autocrítica de que estaba tan enojada que salí a hablar sin tener todos los antecedentes. No sabía cómo se habían dado las cosas“, analizó la ministra.
La autoridad indicó también que en el primer semestre del mandato de Boric “hubo problemas a propósito de la instalación -no estoy descubriendo la pólvora-, de Izkia Siches como ministra del Interior“.
“Por lo tanto todo otro trabajo que se hizo pasó un poco a segundo plano, pero eso no quiere decir que no se hiciera”, enfatizó.
Sobre el caso Convenios, en tanto, la secretaria de Estado dijo tener una lectura más política que administrativa. “A diferencia de otros partidos, nosotros (FA) fuimos muy severos con los militantes involucrados en el caso Convenios”, señaló.
“Aquello que criticamos mucho, que es que se usaran las carencias de la población para instalar redes que son clientelares, se pretendiera hacer. Eso para mí no es progresista“, cuestionó Orellana.
“Eso para mí es privar a las personas de servicios públicos tratando de suplantarlos a través de estas estructuras como medias, que es algo perfectamente gremialista y es antiético. Está (el caso) en proceso jurídico, pero desde el punto de vista político tampoco me parece aceptable, sea o no delito”, concluyó.
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