"Muñeca Bielorrusa": cuestionan a la Fiscalía por subsanar errores cometidos en audiencias previas

Durante la quinta jornada de formalización del caso “Muñeca Bielorrusa”, la Fiscalía y las defensas protagonizaron un extenso intercambio marcado por acusaciones de vulneraciones al debido proceso y la presentación de nuevos antecedentes que, según el Ministerio Público, confirman los delitos de cohecho y lavado de activos.

La audiencia estuvo cruzada por momentos de alta tensión, sobre todo en su primera mitad, cuando los abogados de los imputados acusaron al ente persecutor de actuar sin objetividad y manipular la audiencia para mantener en prisión preventiva a los involucrados.

El defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, cuestionó que la Fiscalía incorporara diligencias en plena audiencia, argumentando que eso rompía el principio de igualdad de armas.

A su juicio, el Ministerio Público estaba “mejorando su caso sobre la marcha”. Exigió que, si se admitían los nuevos antecedentes, se ordenara la práctica inmediata de diligencias en 24 horas: la declaración de los 17 ministros de la Corte Suprema que fallaron las causas investigadas, del chofer de Ángela Vivanco, de funcionarios judiciales y de personas ligadas al edificio Regidor 66, además de obtener la dirección IP pendiente desde octubre.

“Muñeca Bielorrusa”: Defensas de los imputados contra la Fiscalía

Las defensas de Eduardo Lagos presentaron una incidencia similar, alegando que la actuación fiscal afectaba el equilibrio del proceso y vulneraba el derecho a defensa.

El abogado, José Luis Andrés, defensor de Lagos, fue más allá al plantear que, debido a las irregularidades del Ministerio Público, podría solicitarse el sobreseimiento temporal de la causa.

“Parece tan grave la situación, tan excepcional lo que estamos viviendo en esta causa, yo al menos no lo había visto nunca, que la Fiscalía durante el desarrollo de un debate estuviese realizando diligencias con 24 horas de velocidad. Si esto no se frena, si esto no se ordena, estamos en condiciones de solicitar un sobreseimiento temporal por infracción de garantía”, detalló.

La jueza Ibacache reconoció falencias en la actuación fiscal, advirtiendo que no se había cumplido plenamente con el principio de objetividad, ya que las diligencias parecían orientadas a reforzar la tesis acusatoria. Sin embargo, permitió la exposición de los nuevos antecedentes, considerando que la investigación seguía en curso.

El fiscal adjunto, Marco Muñoz, defendió la legalidad de su actuar, sosteniendo que las diligencias se realizaban “en todas las direcciones”, no solo contra los imputados.

Explicó que varias se concretaron recientemente porque la causa estuvo bajo secreto hasta hace pocas semanas, y que las declaraciones de ministros requerían la conclusión de procesos administrativos previos.

Aumenta la tensión

La tensión aumentó cuando las defensas denunciaron la filtración de un informe a la prensa, apuntando al Ministerio Público y al OS7. La Fiscalía se desmarcó, asegurando que los antecedentes ya estaban en manos de las defensas y otros intervinientes tras levantarse el secreto.

En la segunda parte de la jornada, la Fiscalía retomó el control del debate durante las réplicas, abordando los cuestionamientos y presentando un relato detallado de los movimientos financieros de los imputados. Mostró que, días antes del 4 de julio de 2023, la empresa Movitec transfirió $30 millones a la oficina Lagos Vargas y Asociados, y que luego Gonzalo Migueles vendiera 15.600 dólares, obteniendo $12,3 millones que depositó en su cuenta.

Según el Ministerio Público, esos dólares no correspondían a una compra previa, ya que las cartolas muestran que el dinero original fue usado meses antes en gastos personales.

La Fiscalía planteó que esta secuencia de transferencias, ventas y depósitos configura la ruta del dinero proveniente del consorcio Belaz-Movitec, cuyo destino final habría sido beneficiar a Migueles y Vivanco.

También exhibió registros de visitas que confirman que la exministra acudió al estudio jurídico de Lagos y Vargas el 4 de julio, un día antes del depósito bancario, reforzando la tesis de coordinación entre los involucrados. Los análisis financieros, además, revelaron que Vivanco y Migueles mantenían gastos superiores a sus ingresos y dependían de inyecciones periódicas de efectivo sin trazabilidad.

Una amistad “desinteresada”

El Ministerio Público amplió su exposición señalando que la relación entre los imputados no era una amistad desinteresada, sino una red de conveniencia y beneficios cruzados. A través de nuevos testimonios, la Fiscalía acreditó que Vivanco ya no residía en el edificio mencionado por
la defensa desde 2021.

“O la tesis de la Fiscalía, de que doña Ángela Vivanco tiene un vínculo con los imputados y estuvo presente en el lugar, creemos que existen antecedentes suficientes en el estándar que nos encontramos hoy día de entender de que hay antecedentes suficientes que justifica la existencia del delito como también la participación de personas determinadas en ella”, añadió Muñoz.

La jueza Ibacache volvió a reprochar los tiempos del Ministerio Público, cuestionando por qué esas pruebas no se presentaron antes.

“Lo primero que se debió haber hecho, es ir a consultarse si efectivamente y al momento de que la defensa introduce esta esta información, ustedes haberla replicado diciendo que se consultó y la señora nunca estuvo, nunca fue al departamento. Yo no voy a seguir cuestionando su investigación, pero le hago presente que estos datos debieron haber estado el día uno”, indicó.

El fiscal destacó además que Vargas y Lagos compartían oficina y firmaban escritos en causas falladas por Vivanco a favor de sus clientes. Recordó que el 8 de agosto de 2023, ambos abogados asistieron a una cena en casa de la exministra, el mismo día en que se ingresaron escritos en la causa Belaz-Movitec.

También presentó comunicaciones extraídas de los teléfonos de Harold Pizarro, Vargas y Vivanco, que demostrarían contactos sostenidos desde 2021 mediante aplicaciones encriptadas. Según el Ministerio Público, Pizarro era quien convertía en efectivo los fondos entregados por Lagos, utilizando intermediarios y operaciones fragmentadas para eludir controles.

Con todo, el Ministerio Público concluyó que la evidencia reunida —movimientos bancarios, comunicaciones, viajes y reuniones— confirma una estructura coordinada para canalizar pagos encubiertos a una alta autoridad judicial, justificando la prisión preventiva por la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.