Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Presupuesto 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia incluye casi 900 millones de pesos para el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) dirigido a menores trans, desatando críticas de la Oposición. El programa busca fortalecer el desarrollo integral de los niños y adolescentes trans, pero ha sido cuestionado por supuestas derivaciones a tratamientos hormonales. Una comisión investigadora recomendó suspender el PAIG y prohibir terapias hormonales en menores, enviando el informe a Contraloría y Ministerio Público. A pesar de la presión política, el Gobierno defiende la continuidad del programa como un acompañamiento psicosocial sin intervención clínica. Desde Desarrollo Social argumentan que el PAIG responde a un mandato legal de promoción de derechos y prevención.
Una dura controversia política se reactivó en el Congreso tras conocerse que el Presupuesto 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia contempla casi 900 millones de pesos ($890.779.000) para el polémico Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), iniciativa dirigida a menores que consideran que su identidad no coincide con el sexo asignado al nacer.
El monto, incluido en la partida 21 de la cartera, desató inmediatas críticas desde la Oposición, que acusa al Ejecutivo de “persistir en una agenda ideológica” y de desconocer las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre terapias hormonales en menores, impulsada en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social
Según los lineamientos oficiales, el PAIG busca promover la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes trans, fortaleciendo redes de apoyo y fomentando su desarrollo integral.
No obstante, la iniciativa ha estado bajo constante escrutinio luego de que parlamentarios denunciaran supuestas derivaciones de menores hacia tratamientos hormonales, pese a que el programa no ejecuta directamente dichas terapias.
El tema salió a la palestra pública tras la publicación del reportaje de BioBioChile, “Pubertad interrumpida: niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversias”, que reveló la falta de consenso médico y el aumento de casos atendidos en programas asociados al Ministerio de Salud.
Posteriormente, la comisión investigadora recomendó suspender el PAIG y prohibir terapias hormonales y quirúrgicas en menores, señalando que más de 600 niños y adolescentes habrían sido derivados desde 2018 a tratamientos de este tipo.
El informe fue aprobado con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, y derivado tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio Público, solicitando indagar posibles irregularidades.
Duras críticas desde la oposición al millonario presupuesto para el PAIG
Al respecto, el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que la inclusión del PAIG en el presupuesto “es inaceptable”.
“Nos impresiona que el Gobierno insista con este programa. Con eso demuestra que no tiene interés en un diálogo honesto, sino en imponer una mirada ideológica. No vamos a aceptar este presupuesto”, enfatizó.
“El Programa de Acompañamiento de Identidad de Género, se ha amparado en una legislación que hemos cuestionado en la comisión investigadora con un informe aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, aquí el Gobierno básicamente lo que está pretendiendo es desafiar al Congreso, cosa que, por supuesto, no vamos a aceptar”, sentenció.
En la misma línea, el jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, calificó como “preocupante” que se mantenga el financiamiento.
“Es incomprensible que, pese a las conclusiones contundentes de la comisión, el Gobierno insista en destinar $900 millones al PAIG mientras hay recortes en otras áreas”, señaló, acusando que “los niños no pueden ser parte de un experimento con posibles consecuencias devastadoras”.
En tanto, el diputado republicano Stephan Schubert, quien integró la comisión investigadora, apuntó a una falta de transparencia en los recursos asociados al tema.
“Solo en compra de hormonas se destinan 16 mil millones de pesos al año. No se ha podido determinar cuánto se usa para hormonización de adolescentes. Este es un asunto grave, porque con votos de Evópoli en el Senado se mantuvo el presupuesto del PAIG, y ahora incluso se incrementa”, criticó.
Por su parte, la diputada independiente de la bancada DC, Karen Medina, calificó la decisión del Ejecutivo como “impresentable”.
“Refleja una agenda ideológica ciega a los hechos y al bienestar de los menores. El PAIG ha sido rechazado por su falta de base científica y ética, y ha causado un daño profundo a las familias”, acusó.
Recordemos en que pese al duro revés en la Cámara y a la presión política, el Gobierno ha defendido la continuidad del PAIG, insistiendo en que su foco está en el acompañamiento psicosocial, sin intervenir en decisiones clínicas. Sin embargo, la polémica sigue abierta y amenaza con tensionar nuevamente la discusión presupuestaria en el Congreso.
Desarrollo Social: Fortalecer este programa contribuye a un Estado garante de derechos
Consultados por BioBioChile, desde el Ministerio de Desarrollo Social defendieron la partida presupuestaria, explicando que “el PAIG responde a un mandato legal y no constituye un gasto discrecional”.
“Este programa tiene un carácter de promoción de derechos y preventivo, con acompañamiento temprano y perspectiva biopsicosocial. Busca reducir factores de riesgo que afectan a NNA trans y género no conforme, promoviendo su desarrollo y bienestar integral, reduciendo la exclusión y estigmatización que generan altos costos en salud mental, deserción escolar y vulneración de derechos”, agregan.
En ese sentido, explican que “durante 2025, por mandato de la ley de presupuestos del Sector Público, se conformó una Mesa Técnica de Expertos/as, de carácter transversal, que elaboró un informe de recomendaciones aprobado por unanimidad, entregado al Congreso y que buscó fortalecer el diseño y la implementación del Programa a partir del 2026, garantizando un abordaje oportuno, integral y de calidad para NNA con identidades de género diversas y sus familias y asegurando la protección de derechos humanos en concordancia con la Ley 21.120 y la Ley 21.430”.
“Fortalecer este programa contribuye a un Estado garante de derechos, en línea con la Ley 21.430 y con la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032″, concluyen desde Desarrollo Social.
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