El Frente Amplio (FA) -a través de un comunicado- salió al paso por la intervención al celular del presidente Gabriel Boric, y otras escuchas telefónicas, en el marco de la indagatoria por el caso ProCultura. En ese sentido, descartaron que exista indicio que vincule financieramente a la colectividad oficialista con la fundación investigada.
Mediante el documento, el partido del mandatario también apuntó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de “replicar una estrategia judicial y desprestigiar al Presidente”. A esto sumó “espionaje”.
En primer lugar, respecto al descarte sobre un vínculo financiero, el FA remarcó que “todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel y la información ahí contenida es de carácter público. Lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha sólo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales”.
Frente Amplio y escuchas teléfonicas en caso ProCultura
Sobre las escuchas relacionadas con el Presidente de la República, quien es militante del Frente Amplio, lanzaron un dardo al persecutor de la causa. A su juicio, la “estrategia judicial” de Cooper busca “generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”.
“Escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas. Al no estar imputada en la causa, la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad”, complementaron.
Agregando que “resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos. Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones”.
Por último, en opinión de la colectividad liderada por Constanza Martínez, la magnitud de interceptaciones -con más de 42 teléfonos intervenidos- “no responde a una auténtica búsqueda de pruebas”.
Por el contrario, advierten “parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia”.
Enviando corrección, espere un momento...
