A 6 meses de convertirse en el segundo ministro de la Corte Suprema en ser destituido por el Senado, desde el retorno a la democracia, el exjuez Sergio Muñoz recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su destitución. Esto, acusando que el proceso estuvo “viciado”.
Fue el 16 de octubre de 2024 que el Congreso aprobó una acusación constitucional presentada por diputado de Chile Vamos, libelo en el que acusaban “notable abandono de deberes”.
Cabe que precisar que si bien se trató de una acusación en conjunto con el de la también exjueza Ángela Vivanco, involucrada en el caso de Luis Hermosilla, a Muñoz se le imputaron hechos diferentes.
La acusación del ministro se fundó en dos capítulos, los cuales se votaron por separado.
– Capítulo 1: Causal notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de Graciel Muñoz Tapia, jueza titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago y su hija, además de no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial.
– Capítulo 2: Causal notable abandono de sus deberes al no ejercer funciones correccionales y denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional.
Exjuez Sergio Muñoz acude a la CIDH por su destitución
Ahora, según consigna El País, Muñoz alega -ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que “el proceso estuvo viciado”, y que además no tuvo “el derecho a ser oído”.
“Resulta evidente que la acusación, el proceso y la posterior destitución del juez señor Muñoz tuvieron entre sus propósitos vulnerar el principio de independencia judicial. Hubo una revancha política respecto de los fallos que emite la Corte Suprema, una injerencia indebida a la labor de jueces y juezas, mediante una interpretación vaga y amplia sobre la definición del notable abandono de deberes, que no se circunscribe a los lineamientos dados por el sistema internacional de protección a los derechos humanos”, dice el texto.
Complementando que “ciertos grupos económicos generaron la instancia necesaria para impulsar un juicio político a modo de venganza, por sus decisiones, sin que el Estado de Chile garantice y resguarde la independencia judicial de los magistrados en casos como éste”.
La denuncia fue presentada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz, Jennifer Alfaro y Amanda de la Fuente, Antonia Urrejola (exministra de Relaciones Exteriores y expresidenta de la CIDH), además de Andrés Manhke.
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