Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La organización Acción Cívica obtuvo acceso a información de la Fiscalía Nacional sobre investigaciones del estallido social, revelando que el 90% de las indagatorias por violencia institucional están cerradas. De 11.925 denuncias, solo 400 terminaron en tribunales, con la mitad de los casos archivados. La abogada Karinna Fernández critica la falta de abogados querellantes para las víctimas, mientras que fiscales argumentan fatiga del sistema. Diputados ven falencias en el Ministerio Público, con distintas posturas sobre el tema.
A través de una solicitud vía Ley de Transparencia a la Fiscalía Nacional, la organización “Acción Cívica” tuvo acceso al detalle de la investigación de causas ligadas al estallido social.
En concreto, en la respuesta entregada por el ente persecutor, se da cuenta que un 90% de las investigaciones por violencia institucional se encuentran cerradas.
Al desmenuzar dicha cifra, se recoge que de 11.925 denuncias presentadas, solo 400 (3,4%) tuvieron una salida judicial, y un 69,3% tuvo un término sin pasar por tribunales.
La abogada representante de Acción Cívica y querellante en causas relacionadas al estallido social, Karinna Fernandez, señaló que es un reflejo del incumplimiento del Ministerio Público. Además, sostuvo que la mayoría de los casos no tienen abogado querellante, lo que deja a las víctimas en desventaja.
Impresiones de los datos de Fiscalía
En tanto, para expersecutores esto respondería a una fatiga del sistema, debido a la multiplicidad de causas que deben revisar los fiscales y un presupuesto que no va acorde a las investigaciones.
El exfiscal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, sostuvo que las expectativas sociales no corresponden a las capacidades reales del Ministerio Público.
Ahora, diputados de la Comisión de Derechos Humanos coincidieron en que es una falla del Ministerio Público, aunque con diferentes perspectivas.
El diputado Johannes Kaiser (PNL) sostuvo que es un agravio contra los funcionarios policiales acusados injustamente. Por otro lado la diputada Lorena Pizarro (PC), lo catalogó como impunidad.
Las cifras del Ministerio Público registran 76 sentencias en casos ligados al estallido social, 55 condenatorias y 21 absolutorias. No obstante, aún falta que se ejecuten 4 veredictos.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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