Oposición acusa que seremis de Seguridad no cumplen requisitos para el cargo: acudirán a Contraloría

El diputado y jefe de bancada UDI, Henry Leal, y el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, anunciaron que acudirán a la Contraloría General de la República por los recientes nombramientos de seremis de Seguridad.

En concreto, los legisladores acusan un incumplimiento a la ley que crea el nuevo ministerio, la que menciona que dichas autoridades deben contar con “a lo menos, tres años de experiencia profesional en materias de seguridad, prevención del delito u otras afines, o seis años de experiencia profesional”, lo que no se estaría cumpliendo.

Leal postuló que “no puede haber una vulneración al espíritu y la letra de la ley”, razón por la que oficiaron al ministro de Seguridad, Luis Cordero, solicitando “el nombre de las personas, sus currículum, cuáles son sus habilidades, sus competencias”.

“Al menos en mi región de La Araucanía se ha designado una periodista, que es una gran periodista, pero que de seguridad no tiene ningún conocimiento. Y eso está repitiendo en distintas regiones de Chile. Nos parece una vulneración grave al espíritu y a la letra de la ley y el ministro tiene que dar fe de eso“, aseguró.

“Por eso vamos, además, a oficiar a la Contraloría para que requiera la información al ministro de Seguridad”, agregó.

Acciones desde Republicanos y RN por seremis de Seguridad

En tanto, Araya complementó que desde Republicanos ingresarán “un requerimiento de Contraloría frente a los nuevos nombramientos en el Ministerio de Seguridad. Claramente no cumplen con los requisitos y no dejaremos pasar una situación como esta”.

“Es grave que se prefiera dar favores políticos a poner gente capaz en materia de seguridad. Por eso, como se trata de la seguridad de los chilenos, es que no le dejaremos pasar ni una y en ese sentido haremos la presentación y esperamos que que se nombre gente con las competencias necesarias para el cargo”, añadió.

Recordemos que desde la bancada de diputados RN ya habían oficiado a Cordero por el nombramiento del seremi de Seguridad en la región Metropolitana, Jaime Fuentes, quien -según acusan- había defendido públicamente a condenados por delitos durante el estallido social, calificándolos como “presos políticos”.