El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los recientes dichos del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, en el marco del caso Ronald Ojeda.
Fue en conversación con ADN que, esta mañana, el persecutor dijo que el crimen tiene un móvil político y que “no se trató de un caso de extorsión ni de un pedido de dinero a cambio de la liberación”.
“Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”, fue parte de lo que dijo el fiscal Barros.
Gobierno respalda dichos de fiscal Barros en caso Ronald Ojeda
Al ser consultado por la prensa, el subsecretario Luis Cordero destacó que no es primera vez que el fiscal Héctor Barros hace esa declaración que es su tesis del caso.
“Por cierto, el Ejecutivo no solo la comparte, sino que lo que desea es que el fiscal Barros tenga éxito en su investigación y he dado pleno apoyo a la investigación que está desarrollando”, comentó Cordero.
Agregando “diría que no es la primera vez que el fiscal Barros lo dice (…) quiero recordar que el Ministerio Público es una parte del litigio y ojalá que judicialmente también se pudiera consolidar así”.
“El fiscal Barros probablemente es de los fiscales de nuestro país, que tiene mayor prestigio (…) mientras tanto, como Ejecutivo, por cierto, tomamos nota, lo hemos hecho con anterioridad y estamos apoyando activamente su labor”, cerró.
Por otro lado, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia del exteniente venezolano, dijo que “debemos completar la revisión de la carpeta de investigación, chequear aquellos nuevos hechos o indicios desde los cuales la Fiscalía obtiene esa conclusión y de ahí proceder”.
“Probablemente, cuando se trata de la intervención de un gobierno, como dice el fiscal jefe del ECOH, eso supone la intervención de organismos internacionales”, agregó.
Lo anterior, “puede ser a través de OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana, en lo que dice relación con la responsabilidad penal internacional, personal por delitos de lesa humanidad (…) han de ser competencia de la Corte Penal Internacional”.