El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió dos querellas que denuncian posibles actos de corrupción y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial.
Las acciones legales se basan en conversaciones filtradas del exjuez Juan Antonio Poblete, las cuales revelan un entramado de favores e intervenciones cuestionables en procesos judiciales y nombramientos.
Así las cosas, el 7° Juzgado de Garantía capitalino admitió a trámite las dos querellas por el delito de tráfico de influencias. Una de ellas fue presentada por tres soldados conscriptos. La otra querella es de Romy Vargas, madre del fallecido soldado Franco Vargas. Ambas acciones legales se sustentan en conversaciones del exjuez, publicadas por Ciper.
“Con fecha 05 de junio de 2024, el medio periodístico Ciper, dio a conocer un reportaje […] “Los chats del juez que autorizó espionaje militar: lobby para nombrar a una ministra de la Suprema involucró a Mario Desbordes”, se lee en ambos escritos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en ambos libelos, los chats, que están siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte, revelan gestiones de Poblete para favorecer el nombramiento de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema en 2021.
En las conversaciones, Poblete le solicita al exministro de Defensa, Mario Desbordes, su intervención para asegurar la designación de Letelier; Desbordes acepta el pedido.
“Juan Poblete: ¿Tienes algún compromiso en la próxima quina?
Mario Desbordes: No aún. Son varias quinas parece
Juan Poblete: Sí, pero en la próxima, espero que vaya mi mejor amiga, que de San Miguel. María Teresa Letelier Ramírez […]. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Querida por todas, además, de ser una mujer muy aceptada y estupenda.
Mario Desbordes: Apoyémosla entonces”, es parte del texto adjunto en las querellas.
Las querellas también señalan que Letelier, ya como ministra de la Corte Suprema, formó parte de la sala que resolvió un recurso a favor de la libertad de Poblete, quien se encontraba con medidas cautelares. Las acciones legales argumentan que Letelier debió inhabilitarse del caso por ser amiga personal de Poblete.
Extracto de las querellas
“Asimismo, y luego, cuando la señora Letelier ya formaba parte del máximo tribunal del país, ella votó -sin inhabilitarse- en el fallo que le otorgó a Poblete la libertad cuando se encontraba con la medida cautelar de prisión preventiva”.
Piden investigación además por prevaricación y omisión de denuncia
Las conversaciones de Poblete también involucran a otros ministros de la Corte Suprema como Jean Pierre Matus, Mario Carroza y Ángela Vivanco. Además, se menciona al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Las querellas solicitan que se investigue la participación de todos ellos en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y omisión de denuncia.
Extracto de las querellas
“Conforme a lo señalado en la exposición de hechos que se ha estampado en el cuerpo de esta presentación, existiría una responsabilidad penal enmarcada en los tipos penales de tráfico de influencias, prevaricación y omisión de denuncia, en las cuales le cabría participación a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, a lo menos”.
En los chats, Poblete también conversa con el exjefe de la DINE, Schafik Nazal. En los mensajes, se evidencia una cercanía entre ambos y Poblete expresa su apoyo al Ejército.
Las querellas además mencionan conversaciones entre Poblete y el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, en las que se revela una presunta solicitud de favores por parte de Espina a Poblete para intervenir en una causa que involucraba al Ejército.
Otro antecedente que surge de las conversaciones, de acuerdo con las acciones legales, es un posible soborno al fiscal Carlos Palma por parte de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco.
Según la información expuesta, Migueles le habría ofrecido a Palma un doctorado y un cargo en la Fiscalía Centro Norte a cambio de su apoyo al candidato designado por el gobierno para Fiscal Nacional. Las querellas cuestionan por qué Palma no denunció este hecho.
“¿Por qué el fiscal Carlos Palma que recibe una oferta del todo irregular – ofrecimiento de un beneficio económico a un funcionario público, lo que puede ser constitutivo de un delito de soborno – no cumple con su deber de denuncia siendo un funcionario con años de trayectoria en el Ministerio Público y conocedor de los delitos funcionarios?”, se lee.
Estos hechos siguen generando controversia en el país, donde se cuestiona la independencia y probidad del Poder Judicial. Ante ello, las querellas buscan que se investigue a fondo este caso y se sancione a los responsables.
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